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por Ignacio Santa María 8,5 millones de pobres, 3,5 millones de discapacitados y enfermos crónicos, 1,5 millones de personas que necesitan la ayuda de otras para llevar a cabo las actividades normales de la vida diaria, 1 millón de personas mayores que viven solas. Estas son algunas de las cifras de la marginalidad en España. Pero hay más: inmigrantes, drogodependientes, niños y adolescentes abandonados, mujeres maltratadas, etc. El nuevo Gobierno del PSOE viene dispuesto a plantarle cara a la situación. ¿La fórmula? Más Estado, menos sociedad civil | |||||
| Lo llaman el cuarto pilar del estado del bienestar. Tras la educación, la sanidad y las pensiones, los socialistas creen que ha llegado el momento propicio para crear el Sistema Nacional de los Servicios Sociales, con una dedicación especial a lo que se conoce como “personas dependientes”, aquellas que no se valen por sí solas en las tareas más cotidianas. Una superestructura orgánica, un fondo de 1.000 millones de euros y una dosis nada desdeñable de euforia serán suficientes para resolver todos los problemas antes mencionados. Esto es al menos lo que parecen creer a pies juntillas los nuevos responsables sociales. Así lo certifican las palabras de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad: «Será un éxito de la Presidencia de Rodríguez Zapatero y de todo el país; sacaremos a España del rincón de la historia». Pero, ¿dónde queda la libertad de las personas desfavorecidas y sus necesidades reales? ¿Qué papel se asigna a sus familias? ¿Qué hay de su entorno más cercano? ¿Qué pasa con las asociaciones? En una palabra, ¿en qué lugar queda la sociedad civil? Hace tres meses, la Compañía de las Obras nos dio la oportunidad de escuchar en Madrid un testimonio insólito por estos pagos. Era el del consejero de Educación y Trabajo de Lombardía, Alberto Guglielmo, quien se refirió a las políticas de apoyo a la iniciativa civil que está desarrollando su gobierno en esta región del norte de Italia. Políticas que tienen como fundamento el principio de subsidiariedad, que el propio Giugelmo definió así: «nosotros hacemos sólo aquello que el sector privado no puede hacer; la libertad de empresa no puede ser suprimida por el Estado». A renglón seguido, el consejero explicaba detenidamente algunas de las medidas adoptadas en materia de sanidad, familia y educación, que permiten a cualquier ciudadano elegir aquella opción que mejor responde a sus necesidades ya provenga del ámbito estatal o del privado. En concreto se refirió a medidas como la del bono para las familias de las personas dependientes, que posibilita acceder a un paquete de servicios como sanidad, teleasistencia o lavandería primando siempre la libertad de elección. “¡Blasfemia!”, hubieran gritado los fariseos de izquierda al oír estas cosas. ¿Por qué? Porque en España, de forma habitual, lo que no es estatal, si tiene dimensión pública, genera sospecha. La sociedad, bajo sospecha. El ex director general del Imserso (ahora dirigente de Comisiones Obreras), Héctor Maravall, se quejaba recientemente en un debate de que, en los últimos años, se había intentado potenciar lo privado en materia de política social, ya fuera lo privado lucrativo o lo privado no lucrativo (ONG, fundaciones, Iglesia, etc.) «Corremos el riesgo –decía Maravall– de que el protagonismo del sector social sea privado. O hay un control público sobre este sector o esto va a ser bastante irregular y va a haber mucha precariedad laboral». Las palabras de Maravall son un fiel reflejo de esta mentalidad compartida por toda la izquierda (PSOE, IU, UGT y CCOO) que mide con doble rasero al Estado y a la sociedad civil. A lo largo de nuestra historia reciente, toneladas de electoralismo y kilos de corrupción no han sido suficientes para arrojar ni un gramo de sospecha sobre la acción social del Estado, mientras que cualquier actividad de carácter social emprendida por un sujeto no estatal es puesta inmediatamente bajo la sombra de la duda. Hasta las propias organizaciones civiles desconfían de la iniciativa civil. Estamos más que acostumbrados, por ejemplo, a ver cómo los sindicatos atacan proyectos sociales de naturaleza privada. Las ONG desconfían de las otras ONG; las fundaciones de las fundaciones. Ni siquiera la sociedad civil se fía de sí misma. Tampoco el Partido Popular tiene un discurso claro sobre la subsidiariedad y la importancia de la libre iniciativa civil. ¿Cuántas veces hemos oído repetir a los dirigentes populares, con Rodrigo Rato como director de coro, y como si de un karma se tratase: «la mejor política social es la creación de empleo y el equilibrio presupuestario»? Y poco o nada más. Para encontrar defensores de la sociedad civil en nuestro panorama político hay que buscar en las filas de CIU, donde personas como la diputada Mercé Pigem, seguramente más influenciadas por corrientes políticas europeas que por las del resto de España, dicen cosas como esta: «Plantemos la coparticipación de la sociedad civil. En este punto tenemos una visión distinta a la de los otros partidos. Creemos que la participación de la sociedad civil es tremendamente importante. Esta participación no tiene que ser vista con temor, como una rivalidad. Hay que dar voz y cauce a esta vocación de servicio público que tiene la sociedad civil en muchas ocasiones». Al Estado le interesa, más que a nadie, una sociedad civil dinámica y responsable con las necesidades de todos. Pero sobre todo es una cuestión de libertad. Una democracia madura no es la que sólo permite a sus ciudadanos votar una vez cada cuatro años, sino la que les alienta para crear obras e iniciativas para el bien común, desde cualquier naturaleza o identidad. En España este debate ni siquiera existe, probablemente por razones históricas. 40 años de estatalismo franquista y otros 15 de estatalismo felipista son una herencia demasiado pesada •- •-• -••• •••-• | |||||
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