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por Francisco Torres Como es tradicional el ejecutivo y las Cortes descansan en el mes de agosto, la actividad política y parlamentaria se reduce, las iniciativas legislativas quedan pospuestas hasta el inicio del curso político. Algo más de cien días de gobierno ya permiten trazar algunos análisis sobre el discurrir de la legislatura. No han sido numerosas las actuaciones del gobierno, pero sí trascendentes por los caminos que abren. Conviene pues hacer una valoración crítica de todo ello | |||||
| Difícil sería encontrar el origen y la razón por la que, los comentaristas políticos y los editorialistas de los medios de comunicación, cifran en cien los días de gracia necesarios para hacer una primera valoración sobre el comportamiento y la actuación de un nuevo gobierno. En esta ocasión, acontece al mismo tiempo que prácticamente se cierra el plazo con el inicio de las vacaciones estivales del ejecutivo, por lo que la validez de los análisis tendrá un plazo más dilatado de lo que suele ser habitual. Cierra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero este periplo, según las encuestas publicadas, con un saldo positivo y un grado de aceptación popular más elevado de lo que pudiera preverse, con alzas en los índices que muestran la intención de voto de los españoles. A ello se suma la valoración, también positiva, de todos los ministros, aun cuando la mayoría, en estos cien días, no sólo no han logrado salir del anonimato sino que sus departamentos no han puesto en marcha medida alguna de cierto peso. Sin embargo, este balance, aparentemente triunfal, sólo resulta explicable, desde la lógica, en función de la intensa campaña mediática que se ha desarrollado a favor del nuevo gobierno, y el apoyo, sin fisuras, a alguna de sus medidas. Ahora bien, si somos capaces de abstraernos a la propaganda y a la imagen, resulta sencillo percibir que, en realidad, la mayor parte de las medidas tomadas por el gobierno en estos cien días, presentadas, eso sí, con gran alarde propagandístico y fuerte eco mediático, no solo no tienen gran consistencia sino que, además, pueden abrir peligrosos espacios de inestabilidad en el futuro más inmediato. Muchas de esas medidas, promocionadas como grandes logros y avances, carecen, en verdad, de entidad o abren serios interrogantes de cara a su futura aplicación. Estas medidas, por otra parte, han servido para confirmar una realidad evidente: el PSOE no pensaba llegar al gobierno y su programa estaba diseñado para ejercer la oposición. Ahora, el intento de cumplir las promesas electorales de ese programa, como argumento y elemento de legitimización, está condicionando, de forma negativa, la política española. Pese a todos los intentos de maquillaje, pese a la forma de presentar la noticia, el lector sosegado y crítico no puede albergar dudas sobre lo parco de la acción del gobierno en estos cien días. Lo más que han logrado los comentaristas favorables al ejecutivo es presentar entre catorce y dieciséis medidas, induciendo, algunas de ellas, a la sonrisa por su consideración como tales. Sólo el arte de la propaganda hace posible que la imposición forzada e ilógica del denominado “gobierno paritario”, la primera gran medida de Rodríguez Zapatero, sea presentada como una gran acción de gobierno y un logro sin parangón en la lucha por la igualdad. Sólo el deseo de inflar una lista bastante escuálida puede explicarlo. No ha escapado el gobierno a la demagogia usual en los primeros cien días para intentar dar la imagen de cumplir con algunas promesas electorales. Destaca en este terreno lo sucedido con TVE. Tras prometer una nueva televisión, han bastado unas semanas, para notar como el control político de TVE, tan recriminado al PP, se reproduce con el PSOE. Las promesas se han reducido a encomendar a un hipotético “comité de expertos” un informe sobre el futuro de RTVE, por lo que, probablemente, el ente público continúe durante mucho tiempo en la misma lamentable situación que en los años precedentes. Dejando a un lado los pequeños guiños del socialismo tres han sido las áreas donde sí es posible hablar de una acción de gobierno: política exterior, cuestión autonómica y reforma constitucional, política social, derogación de medidas puesta en marcha por el anterior ejecutivo. Política exterior. El primer cambio impulsado por Rodríguez Zapatero se circunscribe al área de la política exterior. La nueva línea del gobierno está marcada por el deseo expreso de abandonar la aproximación a los EEUU realizada por el gobierno anterior, e iniciar un claro acercamiento, con tendencia a la subordinación, al denominado eje europeo franco-alemán. La retirada de las tropas española de Irak, obligada por la propaganda electoral, que hoy debemos juzgar de demagógica, ha afectado gravemente a la política de seguridad nacional con respecto al norte de África. Tras la decisión unilateral, la desconfianza de los EEUU pude hacer que, tras su proceso electoral, la política estratégica americana en el Mediterráneo occidental se reoriente, nuevamente, hacia el estrechamiento de las relaciones con Marruecos, con lo que podría suponer de apoyo a sus conocidas reivindicaciones territoriales. Cierto es que el gobierno, tras el gesto disidente con los EEUU, ha buscado una fórmula de compensación, que ya se anunciaba cuando se planteaba la posible retirada de Irak, prometiendo el envío de un contingente, igualmente importante, a las tierras de Afganistán, de ahí que debamos considerar como demagógica la retirada de las fuerzas de Irak. Por ello, ahora que ya están acuarteladas las fuerzas que serán enviadas, sólo cabría hablar de hipocresía por parte del gobierno, porque esta presencia no hará sino incrementar la situación de blanco permanente de España para el terrorismo islámico. José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo han sido conscientes de la variación que han introducido en el complicado mapa geoestratégico, por ello se ha apresurado a intentar mejorar las relaciones con Marruecos, presentando lo que ha sido motivado por el temor como una gran acción frente al bloqueo de relaciones anterior. El gobierno socialista, habituado a las frases propagandísticas, promociona como gran solución para los problemas la denominada política de “estabilidad en la zona”. Estabilidad que, por los indicios, llevará aparejado el acuerdo para la entrega definitiva del Sahara a Marruecos, con la intención de frenar, durante un tiempo, las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Gracias a su poderoso aparato de agit-pro, el socialismo ha conseguido presentar como otro gran éxito, como otra gran medida, el “desbloqueo de la negociación de la Constitución Europea”. El socialismo se adjudica, sorprendentemente, como gran actuación, como demostración de la fuerza de su política exterior, la firma de la nueva Constitución Europea; aunque se ha tendido buen cuidado a la hora de difundir que, para esa firma, el gobierno socialista ha cedido ante los intereses del eje franco-alemán, verdadero triunfador en la Europa de los 25. José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido atender a la petición del Partido Popular de someter a refrendo popular la mal llamada Constitución Europea (en realidad no es un texto constitucional), pero quedando asegurada, previamente, la petición afirmativa del voto por parte de los grandes partidos en esa futura consulta. Ejemplo harto elocuente del control que el socialismo suele realizar cuando se encuentra en el poder es lo sucedido con el reverdecimiento del problema de Gibraltar. España carece de política con referencia a la roca desde los tiempos de Castiella. El socialismo condujo a la situación actual con la firma de los nefastos Acuerdos de Lisboa de la mano de Fernando Morán, que significaban, de hecho, una claudicación con respecto a la vieja resolución de la ONU con respecto a Gibraltar conseguida por los gobiernos de Franco. El distanciamiento con los EEUU ha ido acompañado con el distanciamiento con la Gran Bretaña. El gobierno británico, muy dado a utilizar los gestos, ha puesto en evidencia al gobierno español con dos claras advertencias que suponen el fin del idilio Blair-Aznar que, en el caso de la Roca tampoco iba a ningún sitio: por un lado, la princesa Ana acude a conmemorar el 300 aniversario de la ocupación; por otro, el mismo submarino nuclear que provocó una agria crisis vuelve a Gibraltar. El mensaje, tras el encuentro abrupto entre Blair y Zapatero, ha sido muy claro. La gran diferencia es que ahora, controlando medios y estando en el poder, los ecologistas, Manuel Chaves y el socialismo se han abstenido a la hora de movilizarse. La cuestión autonómica. Amparándose en la cuestión sucesoria y la prelación del hombre a la mujer, José Luis Rodríguez Zapatero abrió demagógicamente por el tratamiento, en la campaña electoral, el camino de la reforma constitucional que ya estaba, como solución al problema autonómico, en la mente de los estrategas socialistas. Aunque, de momento, no se ha tomado ninguna medida directa en este sentido, Zapatero mantiene la promesa de la reforma estatutaria y constitucional, ahora condicionada por el pacto de gobierno en Cataluña. Entiende el socialismo que la elevación de los techos competenciales, algunas cesiones en materia de soberanía y la introducción de diferencias entre las autonomías es el camino para cambiar la estructura territorial de España, creyendo que con ello eliminará los aspectos más extremos y agresivos del nacionalismo, con la consecución de la retirada del Plan Ibarreche. Como en otros temas, la política socialista, carece en este apartado de concreción. Si se consulta su Programa Electoral o las últimas declaraciones, parece evidente que el PSOE carece de un proyecto definido con respecto a la reforma autonómica y constitucional. Resulta evidente que ha optado por ir facilitando el camino. En este sentido cabe leer los nombramientos en el ámbito de la judicatura; la retirada de numerosos recursos de inconstitucionalidad presentados por el gobierno anterior ante las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas; eliminar la tipificación de delito en el caso de que se convoquen consultas populares ilegales. Rodríguez Zapatero está buscando un espacio de consenso o apoyo para la reforma estatutaria y constitucional. En ese camino, desde la oposición inicial, el Partido Popular se mueve hacia la aceptación. Las líneas maestras de lo que será la reforma autonómica han sido expuestas por Pascual Maragall y la propuesta popular delimitada por Fraga. Entre ambas, existen amplios espacios de convergencia. La propuesta pasaría por: incremento de los techos competenciales; nueva distribución de la recaudación y administración de fondos e impuestos, con el saneamiento previo por parte del Estado de algunos capítulos de las deficitarias cuentas autonómicas; introducción de una diferenciación entre las denominadas nacionalidades históricas, que así serán recogidas en la constitución, y el resto de las autonomías, con mayores cotas de representación y autogobierno; transmisión de algunos formas de soberanía con la representación y la implicación en la toma de decisiones en materia de política exterior; consideración de Estado para las nacionalidades históricas; presencia de representantes autonómicos en las grandes compañías del Estado; cooficialidad del catalán, el gallego, el vasco y el castellano en todo el territorio. Estos planteamientos, que superan ampliamente los márgenes de maniobra de la actual Constitución española, que saltan sobre la tesis que alumbró el Estado de las Autonomías, según la cual la igualdad entre todas las autonomías evitaría la posible desintegración nacional, supone introducir una peligrosa inestabilidad en la política españoles de inevaluables, de momento, consecuencias. Política social. La opción socialista se presentó a las elecciones con una clara apuesta por la igualdad y la solidaridad económica y social. Un programa que contribuiría a una nueva distribución de los beneficios sociales. Las promesas, en este terreno, fueron muchas. Hubo incluso un primer programa, anunciado y presentado, que tuvo que ser retirado porque era tan demagógico como inaplicable por los costos económicos que implicaba. El segundo programa, más modesto, continuaba siendo, a juicio de los expertos, igualmente demagógico. En estos cien días, esa pretendida nueva política social, no ha logrado traducirse en grandes medidas concretas. Como tal, sólo puede entenderse el incremento del salario mínimo, que el PSOE prometió situar en los 600 Euros y de momento queda en unos 470. Lo curioso es que, mientras ese incremento se ha difundido con grandes titulares, la retirada de la ayuda de 100 Euros a una parte considerable de madres con hijos ha quedado inscrita con letra pequeña en la crónica de estos cien días. Parece evidente que con su política social, la más publicitada, el PSOE lo que pretende es abrir las puertas a una nueva sociedad. El socialismo ha decidido embanderarse en la transformación del modelo familiar. Consciente de lo sensible del tema ha buscado que, una indisimulada campaña de concienciación, le permita hacer viable su proyecto. Por ello ha dejado transcurrir estos cien días con anuncios y permisividad, pero poniendo como fecha enero del 2005 para autorizar los matrimonios homosexuales y la ulterior adopción de niños por homosexuales. También guarda en su agenda la denominada Ley de Identidad de Género (permitirá el cambio de DNI de los transexuales al iniciar un tratamiento para cambio de sexo) y, naturalmente, la nueva Ley del aborto que vendrá a dar naturaleza legal al aborto libre encubierto que la pasividad de los gobiernos populares puso en práctica. En este terreno el socialismo cuenta con la oposición de la Iglesia, que espera no sea virulenta, y con el silencio y aceptación final del Partido Popular. Pese a que comienza a ser un problema evidente el PSOE se ha limitado a los anuncios en materia de inmigración. Entre las medidas secundarias algunas parecen indicarnos que se va a producir una nueva regularización, se van a cortar las expulsiones y sólo se estudian medidas de redistribución, pero el problema real es que el número de inmigrantes sin papeles en España puede aproximarse al millón. Loable era la intención de luchar de forma activa contra la mal llamada violencia de género. El proyecto de Ley socialista no ha podido ser más desafortunado, y es más que dudosa su eficacia. El PSOE ha chocado con el Poder Judicial y la propuesta ha cosechado un tremendo rechazo tanto en los jueces progresistas como en los conservadores. El PSOE tomó esta oposición como un pulso y mantuvo, con escasas variaciones, su anteproyecto de Ley para combatir de manera integral la violencia sobre la mujer, pero lo más probable es que en los trámites se rehaga el consenso en un punto vital. La vivienda era otro de los grandes temas que el PSOE utilizó en su campaña electoral. Se anunciaron planes de choque, intervenciones inmediatas, la construcción de 150.000 viviendas… Cien días después, la política socialista ha sido muy modesta en este terreno. Las continuas rectificaciones sobre el significado de las promesas y el recurso al metalenguaje han sembrado la desconfianza. La política socialista pasa por la idea, anunciada por la ministra del ramo, de que mantener la tesis de que los españoles tengan su vivienda en propiedad es retrógrado y escasamente progresista; que esa además no era la realidad española, pues hasta finales de los cincuenta aproximadamente un 60% de los españoles vivía de alquiler. La política posterior, ha venido a decir la ministra, que cambio esta tendencia era una política equivocada. El socialismo va a promocionar el alquiler beneficiando a los propietarios como mejor solución al problema de la vivienda. La realidad es que el gobierno carece de política de vivienda y de voluntad para hacer política de vivienda. Considerar como política social las ayudas a los propietarios que pongan sus viviendas en el mercado de alquiler, dar ayudas a quienes construyan edificios para alquilar, subir los precios de la vivienda de protección oficial, eliminar las desgravaciones fiscales por la adquisición de vivienda… puede ser una opción, pero difícilmente podrá considerarse como política social. Política de derogación. Donde más activo se ha mostrado el gobierno socialista en estos cien días ha sido en la puesta en marcha de una política de derogaciones de medidas puestas en marcha por el gobierno anterior, anunciando, además, que va a seguir moviéndose en este terreno. Los dos actuaciones más publicitadas han sido la paralización de la aplicación de la LOCE y la paralización de determinados aspectos del Plan Hidrológico Nacional (a ello ha de añadirse la paralización de infraestructuras). Lo más grave es que en ambas materias, Educación y Plan Hidrológico, el PSOE no cuenta con un programa alternativo. Han paralizado la aplicación pero prácticamente envían al final de la legislatura la presentación de su alternativa. Mientras, asistiremos al juego de los anuncios, las promesas, las reivindicaciones, las protestas y las variaciones. De momento, por ejemplo, en lo referente al Plan Hidrológico Nacional, la ministra Narbona sólo ha sido capaz de convencer, por obligación, a los socialistas de la viabilidad de propuestas que, hasta la fecha, no ha sido capaz de concretizar. En ambas materias el PSOE ha subordinado estas cuestiones a sus intereses partidistas, buscando, además, la confrontación entre los sectores afectados para encontrar razones para ir maniobrando a lo largo de la legislatura. Quedan en el aire las cuentas del Estado y los próximos presupuestos. La política socialista parece conducir, indefectiblemente, a un incremento del déficit y al abandono de la política de equilibrio presupuestario de la que Solbes era, hasta su nombramiento, fiel partidario. En este terreno el socialismo busca el recurso a la ingeniería contable para intentar camuflar el coste económico de sus acciones. De ahí que busque justificar un déficit, que ya ha empezado a desarrollar, mediante el recurso propagandístico del “déficit oculto heredado”. Hasta el propio Solbes ha tenido que matizar la difusión de la idea. El problema radica en que cuando se presente a Europa el déficit final del 2004 las cuentas no van a salir. Lo curioso, por ejemplo, es que ese déficit va a estar justificado por la inclusión de los 6.000 millones de Euros que el gobierno socialista transfiere a la Junta de Andalucía como pago de la denominada deuda histórica; o la curiosa inclusión de otra partida por la deuda histórica de RENFE. En síntesis, cabría afirmar que estos cien días de gobierno, pese a la propaganda, presentan excesivas sombras, anuncios más que preocupantes y vueltas a antiguos vicios. •- •-• -••• •••-• | |||||
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