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por Angel Expóxito Correa Ante los varios proyectos y realidades de integración de las minorías culturales y religiosas - que con frecuencia cada vez mayor ocupan el lugar vacío dejado por un Occidente víctima de un proceso plurisecular de enajenamiento cultural y religioso cristiano (1) y, por lo tanto, incapaz de asumir responsabilidades para siempre – in primis, la familia -, sobresale, por su carácter novedoso y en parte sorprendente, el modelo americano. He aquí una descripción somera del mismo trazada por el sociólogo de las religiones y director del CESNUR, Massimo Introvigne |
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«¿Quién es el líder político internacional
más odiado por los musulmanes? Todos pensamos
conocer la respuesta: George W. Bush. Aparentemente
los musulmanes americanos no están de acuerdo. Una investigación de un equipo
de universidades estadounidenses sobre las relaciones entre política y religión
patrocinada por la Religious Research Association indica un dato sorprendente:
en noviembre la mayoría (62%) de los musulmanes americanos que frecuentan las
mezquitas tradicionales – excluidos por tanto los denominados «musulmanes
negros», cuyo islam americano es sincretista y bien poco ortodoxo – votará por
Bush y contra Kerry.
Tres parecen ser las razones principales.
Ante todo, muchos musulmanes americanos, o sus padres, han escapado de sus
tierras de origen porque disienten de los regímenes no democráticos que los
gobiernan. Se muestran muy felices con el derrocamiento de Sadam Hussein,
aplauden a Bush por ello, y hacen votos para que pronto ocurra lo mismo con los
dictadores que gobiernan sus países.
En segundo lugar, la mayoría de los
musulmanes en América es relativamente pudiente y apoya las políticas
económicas de Bush a favor de la clase media, reducción de los impuestos a la
cabeza.
Pero el dato de mayor relevancia
internacional es el tercero. Bush entre los presidentes americanos recientes,
es el que goza de mayores apoyos por parte de aquél segmento de la población de
los Estados Unidos que frecuenta todas las semanas las iglesias, las sinagogas
o las mezquitas. El 70% de los americanos que frecuentan semanalmente un lugar
de culto declara que votará por Bush contra Kerry.
El porcentaje sube hasta un 87% entre los
protestantes de la corriente evangelical, un adjetivo que indica la corriente
conservadora del protestantismo americano, a la que pertenece el mismo
presidente, que es distinta y más moderada de la corriente fundamentalista,
aunque a veces en Europa se la confunda con esta última.
Pero Bush goza de una estable mayoría
también entre los practicantes judíos ortodoxos y entre los católicos. Aunque
Kerry sea nominalmente católico, sus posturas sobre el aborto y el matrimonio
de los homosexuales no son las de los obispos, y los electores católicos
practicantes parecen preferir el metodista Bush al «católico a su manera” Kerry*.
Desde el punto de vista electoral, el mundo
de los activos en la práctica religiosa cuenta dos veces más en los Estados
Unidos – donde representa al cuarenta por ciento de la población – respecto de
la Unión Europea donde está parado exactamente en la mitad: veinte por ciento.
Naturalmente en noviembre vota también aquél sesenta por ciento de americanos
que no frecuenta semanalmente un lugar de culto, por consiguiente el apoyo del
mundo religioso practicante no garantiza la victoria a Bush. Sin embargo, es
muy significativo el hecho que el ciudadano americano medio que practica la
religión musulmana no sea muy distinto por mentalidad y opciones políticas
respecto del americano católico, metodista o judío ortodoxo.
La política de integración a la democracia
que los Estados Unidos quieren exportar a Oriente Próximo ha tenido éxito
principalmente entre los inmigrantes musulmanes en América. Éstos votan
mayoritariamente en base a la política interior, no de Palestina o de Iraq. Sin
proclamas, sin privilegiar asociaciones o movimientos islámicos no
necesariamente representativos, los Estados Unidos confirman que la oferta de
integración política que alcanza directamente al ciudadano musulmán
individualmente puede, aunque entre mil problemas, funcionar. Una lección
interesante, y útil para Europa” (2).
La clave, pues, del aperente éxito en el
proceso de integración de los musulmanes en la sociedad americana consistiría
en la la oferta de integración política que alcanza directamente al
ciudadano musulmán sin privilegiar asociaciones o movimientos islámicos
no necesariamente representativos y que en muchos casos (es necesario
añadir) son una correa de transmisión de movimientos fundamentalistas como los
Hermanos Musulmanes (3). ¿Significa lo comentado hasta el momento que es
posible un islam compatible con la civilización occidental? Depende. Si Occidente (en especial algunos países europeos como España)
se empeña en rechazar una política activa e inspirada por nuestra identidad
cultural y religiosa – Leitkultur, en alemán -, esto es, la tradición
natural y cristiana, la inmigración producirá siempre más guetos y, de la
indiferencia, no podrá cierto aflorar la auspiciada «tolerancia», sino una
suerte de “agujero negro” que podría acabar con las sociedades occidentales.
Según Bassam Tibi, intelectual musulmán,
alemán de origen sirio, profesor de Política Internacional en la Universidad de
Göttingen, la Leitkultur debería corresponder a lo que podemos denominar
«referencia cultural » que en Occidente (siempre según Bassam Tibi) es la
cultura «de la democracia, de los derechos humanos, de la sociedad civil
distinta de la esfera religiosa... Europa se abre a los musulmanes que quieren
vivir en Europa también como ciudadanos, pero si los musulmanes quieren
islamizarla, entonces Europa tiene el derecho de decir que no. Europa tiene una identidad propia, que es occidental y laica, y no
islámica” (“Caffè Europa”, n. 197, 19/12/02).
En uno de sus últimos libros traducido al
italiano (desconozco si hay traducción española) Euro-Islam. L’ integrazione
mancata (Marsilio 2003), Bassam Tibi invita a Occidente a abrir los ojos y
a perseguir políticas sistemáticas de integración. En efecto, “Nuestra
esperanza es el Euro-islam. Porque o se desarrolla un islam de tipo europeo
entre los inmigrantes musulmanes (capaz de aprender la tolerancia, el
pluralismo, la democracia) o bien tendremos que vérnoslas con la pretensión de
islamizar Europa... Sólo de una iniciativa consciente e inspirada puede nacer
un consenso de valores con los inmigrantes. Pasa por tanto por Europa la
esperanza de un encuentro decisivo entre el islam y la cultura occidental”.
Soy consciente que a su análisis de la Leitkultur
europea falta la savia del Cristianismo y – en concreto - del Magisterio de
la Iglesia Católica, esto es, de la única doctrina – porque revelada por el
único y verdadero Dios y por tanto conforme a la auténtica naturaleza humana –
que puede encauzar, dándole su verdadero sentido y fin, conceptos como tolerancia,
derechos humanos, pluralismo, distinción entre esfera religiosa y temporal,
democracia (4). No obstante, sus consideraciones, en especial las
referentes a la necesidad de una toma de conciencia de la propia identidad
cultural y religiosa por parte de los europeos, van en la justa dirección. En
efecto, no puede haber respeto de los derechos legítimos de las minorías si
primero no se respetan los derechos de la mayoría.
Por lo tanto, los católicos tenemos el deber
urgente de profundizar, interiorizar y poner por obra, el apremiante mandato
del Pontífice gloriosamente reinante, Juan Pablo II, de la nueva
evangelización, sin por ello olvidar la también urgente y necesaria misión ad
gentes. El hecho de que haya musulmanes (junto a todas las demás minorías
religiosas) nos debería alentar en el compromiso y responsabilidad de
testimoniarles a Cristo, pues – entre otras cosas – quizás sea la única
posibilidad que tengan de conocerle. Este compromiso apostólico conlleva
simultáneamente la legítima defensa de nuestra civilización que entre otras
cosas se manifiesta en la imposición positiva de hacer respetar los
derechos fundamentales de las personas, utilizando la mano dura (incluida la
expulsión o la cárcel) con todos aquellos movimientos, asociaciones, imanes,
escuelas coránicas, etc., que hagan apología del terrorismo o que difundan
enseñanzas contrarias a los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, es
necesaria una política inteligente respecto al problema de la inmigración tras
años de ambigüedades**, guiños a la galería progresista e indefinición, típica
de la vacuidad doctrinal (por la ausencia de valores fuertes naturales y
cristianos) de los “patriotas de la constitución” que constituyen el engendro
centro-izquierdista (denominado “centro-reformista”) del Partido Popular. No
considero necesario añadir que tampoco la política del “papeles para todos” y
de la inducción a la clandestinidad del inmigrante debida a la “genial” idea de
condicionar “papeles” a la denuncia del empresario bribón (que automáticamente
significará el despido del inmigrante irregular) llevada a cabo por el Partido
Socialista, sea la solución...
Considero, en cambio, mucho más oportuno una
política firme de contraste a la inmigración clandestina y de repatriaciones
inmediatas una vez que se haya confirmado la presencia irregular del
inmigrante. Una política, ésta, que entre otras cosas debería condicionar las
ayudas y relaciones de todo tipo con aquellos países que como Libia, Marruecos,
Túnez, etc., constituyen el puerto de salida de las pateras, a su sincera colaboración
en la represión de la inmigración clandestina y de las mafias que la sustentan.
Ello, por otra parte, supone una política de cuotas que debería establecer el
porcentaje real de la mano de obra extranjera necesaria para la
supervivencia a medio y largo plazo de nuestra nación. Otro elemento importante
es la discriminación positiva, esto es, la selección de aquellos
inmigrantes que por cultura y religión sean más integrables en nuestro entorno,
como los hispanoamericanos o los europeos, dejando un hueco abierto para todos
aquellos cristianos perseguidos en sus países que se vean en la obligación de
emigrar. Ello debido (en relación a la discriminación positiva) a la
constatación de que el islam, a pesar de todas sus diferencias, escuelas e
interpretaciones, es tendencialmente fundamentalista y propenso a la conquista
militar, por lo tanto, a justificar el terrorismo. Aunque lo realmente
fundamental sigue siendo el cambio de mentalidad en el mismo Occidente que
lleve a las mujeres (y a los hombres) a redescubrir el valor de la familia, de
la responsabilidad y de la infinita dignidad que se ubica en la
co-participación en el acto creativo de Dios de un nuevo ser humano.
Sí, por tanto, al sano y correcto diálogo
interreligioso (siempre y cuando tenga como fin – conforme al Magisterio de
Juan Pablo II – la evangelización) con todos aquellos que estén dispuestos (por
una razón o por otra) a dialogar sobre las enseñanzas católicas acerca de la
ley natural, y a colaborar en la desactivación – mediante la interiorización de
la ley anteriormente recordada, primer paso hacia la Ley revelada por Dios en
Cristo Jesús – de los fundamentalismos, en especial el musulmán, origen de la
Cuarta Guerra Mundial, de la cual el “choque de civilizaciones” representa sólo
una de las caras de la misma (5). Todo ello acompañado por un nuevo fervor
apostólico que nos impulse a evangelizar a propios y a extraños y a colaborar
de la forma más eficaz en la defensa y restauración de una civilización natural
y cristiana, auténtica Cruzada del siglo XXI.
·- ·-· -··· ···-·
Ángel Expósito Correa
Para profunizar: Sobre los problemas
planteados por “mezquitas para todos” y posibles iniciativas para la
integración individual de los musulmanes ver, http://www.iespana.es/revista-arbil/(57)mezq.htm ; sobre la posible «religión política » imperante en España y
defendida de forma especial por el Partido Popular ver, http://www.iespana.es/revista-arbil/(56)ange.htm
(1) http://www.lucisullest.it/international/es/rcr-espanol.htm (2) http://www.cesnur.org/2004/mi_bush.htm (3) http://www.iespana.es/revista-arbil/(69)expo.htm (4) http://www.iespana.es/revista-arbil/(80)expo.htm (5) Ibídem
Apéndices
NOTICIAS GLOBALES, Año VII. Número 541, 51/04. Documentación nº 664, Buenos Aires, 26 de agosto 2004* 664) USA: LA IGLESIA Y LA VIDA PÚBLICA II. Nota del Cardenal Ratzinger a la Conferencia Episcopal. Fuentes: ACI; AICA. Presentamos a nuestros lectores, tal y cómo lo dieron a conocer diversas agencias de prensa, el texto de la nota que dirigió el Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, al Cardenal Theodore McCarrick, Arzobispo de Washington, con ocasión de la asamblea de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, celebrada en Denver, del 14 al 19 de junio de este año. Al concluir esa reunión los obispos dieron a conocer la Declaración Católicos en la Vida Pública, de la que informamos en Noticias Globales 649 (20-06-04). “Dignidad para recibir la Sagrada Comunión. Principios Generales 1. El presentarse para recibir la Sagrada Comunión debería ser una decisión consciente, basada en un juicio razonado respecto de la propia dignidad para hacerlo, según los criterios objetivos de la Iglesia, haciéndose preguntas como: “¿Estoy en plena comunión con la Iglesia Católica? ¿Soy culpable de algún pecado grave? ¿He incurrido en una pena (p.ej. la excomunión, el entredicho) que prohíbe que reciba la Sagrada Comunión? ¿Me he preparado ayunando por lo menos una hora antes?” La práctica de presentarse indiscriminadamente a recibir la Sagrada Comunión, simplemente como consecuencia de estar presente en la Misa, es un abuso que debe ser corregido (cf. Instrucción Redemptionis Sacramentum, n. 81, 83). 2. La Iglesia enseña que el aborto o la eutanasia son pecado grave. La Carta Encíclica Evangelium vitae, respecto de decisiones judiciales o leyes civiles que autorizan o promueven el aborto o la eutanasia, declara que existe “una grave y clara obligación de oponerse por la objeción de conciencia. …En el caso de una ley intrínsecamente injusta, como una ley que permite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito por tanto obedecerla, o ‘participar en una campaña de propaganda a favor de tal ley o votar por ella’” (n. 73). Los cristianos tienen “una grave obligación de conciencia de no cooperar formalmente en prácticas que, aún permitidas por la legislación civil, son contrarias a la ley de Dios. En efecto, desde el punto de vista moral, nunca es lícito cooperar formalmente con el mal. …Tal cooperación nunca puede ser justificada invocando el respeto a la libertad de otros o apelando al hecho de que la ley civil lo permite o lo requiere” (n. 74). 3. No todos los asuntos morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia. Por ejemplo, si un católico discrepara con el Santo Padre sobre la aplicación de la pena de muerte o en la decisión de hacer la guerra, éste no sería considerado por esta razón indigno de presentarse a recibir la Sagrada Comunión. Aunque la Iglesia exhorta a las autoridades civiles a buscar la paz, y no la guerra, y a ejercer discreción y misericordia al castigar a criminales, aún sería lícito tomar las armas para repeler a un agresor o recurrir a la pena capital. Puede haber una legítima diversidad de opinión entre católicos respecto de ir a la guerra y aplicar la pena de muerte, pero no, sin embargo, respecto del aborto y la eutanasia. 4. Aparte del juicio de un individuo respecto de su propia dignidad para presentarse a recibir la Santa Eucaristía, el ministro de la Sagrada Comunión se puede encontrar en la situación en la que debe rechazar distribuir la Sagrada Comunión a alguien, como en el caso de un excomulgado declarado, un declarado en entredicho, o una persistencia obstinada en pecado grave manifiesto (cf. Can. 915). 5. Respecto del grave pecado del aborto o la eutanasia, cuando la cooperación formal de una persona es manifiesta (entendida, en el caso de un político católico, como hacer campaña y votar sistemáticamente por leyes permisivas de aborto y eutanasia), su párroco debería reunirse con él, instruirlo respecto de las enseñanzas de la Iglesia, informándole que no debe presentarse a la Sagrada Comunión hasta que termine con la situación objetiva de pecado, y advirtiéndole que de otra manera se le negará la Eucaristía. 6. Cuando “estas medidas preventivas no han tenido su efecto o cuando no han sido posibles”, y la persona en cuestión, con obstinada persistencia, aún se presenta a recibir la Sagrada Comunión, “el ministro de la Sagrada Comunión debe negarse a distribuirla” (cf. Declaración del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos “Sagrada Comunión y Divorcio, Católicos vueltos a casar civilmente” [2002], n. 3-4). Esta decisión, propiamente hablando, no es una sanción o una pena. Tampoco es que el ministro de la Sagrada Comunión esté realizando un juicio sobre la culpa subjetiva de la persona, sino que está reaccionando ante la indignidad pública de la persona para recibir la Sagrada Comunión debido a una situación objetiva de pecado. Nota: Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal, y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión, si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto y/o la eutanasia. Cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato, pero vota a favor de ese candidato por otras razones, esto es considerado una cooperación material remota que sólo puede ser admitida ante la presencia de razones proporcionalmente graves”. Claves de la inmigración ilegal** De la pésima política migratoria del PP al "papeles para todos” del PSOE. (Minuto Digital) La inmigración es sin duda la realidad peor afrontada en los últimos años. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Se aproxima un invierno caliente, lleno de evasivas y acusaciones. ¿Cuántos ilegales hay en España? ¿Qué efecto tiene una regularización indiscriminada? ¿Cules son las causas del efecto llamada? ¿Por qué dice la policía que 9 de cada diez ilegales son inexpulsables? ¿Qué podemos esperar del PSOE? Estas son las claves jurídicas y sociales del problema. La ley y los apaños En el año 2000 el Partido Popular aprobó la Ley de Extranjería y un año después mediante real decreto el Reglamento de Extranjería que la desarrolla. En un intento de hacer borrón y cuenta nueva, los Populares trampearon su propia ley con el proceso de regularización extraordinaria de 2001. Entonces otorgaron 300.000 permisos de residencia a extranjeros que habían entrado ilegalmente en España. Apenas tres años después, las fuentes más moderadas cifran en mas de un millón los ilegales residentes en nuestro país, probablemente la cantidad sea mucho mayor. Esto demuestra la inutilidad y el efecto llamada desencadenado por aquella medida. El Partido Socialista presentará presumiblemente este invierno la reforma del Reglamento de Extranjería, pero antes ha decidido poner en práctica la segunda regularización extraordinaria, en esta ocasión de forma burdamente encubierta. Un nuevo error que puede suponer el millón de regularizaciones. Quien siembra mareas…… el efecto llamada y el Partido Popular. ¿Cómo hemos llegado a tener más de un millón de ilegales? Contrariamente a lo muchos ciudadanos piensan, el fenómeno de las pateras en extremo llamativo por el dramatismo de sus imágenes, supone menos del 4% de la inmigración ilegal. La mayoría entra sencillamente al país por los aeropuertos o fronteras. Determinar la cantidad de ilegales que se cuelan diariamente en España no es tarea fácil. Según la Confederación Española de Policía más de 30.000 llegan mensualmente. La Confederación de Cajas de Ahorros va aun más lejos y prevé la presencia de once millones de inmigrantes en España en los próximos 10 años. El Eurostat cifra en 594.300 los inmigrantes llegados a España en 2003. En lo único que coinciden todos los medios es en situar a España como el país que más inmigrantes absorbe de los 25 que componen la UE, recogiendo uno de cada tres recién llegados a la Unión. ¿Por qué eligen España? La llegada y permanencia de inmigrantes se regula mediante la Ley y Reglamento de Extranjería. En su artículo 41 el reglamento determina que se concederá permiso de residencia de hasta cinco años, a aquellos extranjeros "que acrediten una permanencia continuada, sin permiso de residencia, en territorio español durante un periodo de tres años”. Somos el único país europeo que contempla esta posibilidad. La permanencia que exige el artículo 41 se viene demostrando mediante el empadronamiento. Pero ¿cómo es posible que alguien en situación ilegal pueda acudir a la administración municipal para inscribirse? Esto es posible gracias a ley del año 97 del Padrón Municipal que establece que "todos los seres humanos que habiten en una población tienen el derecho y él deber de empadronarse" no haciendo distinción entre ciudadanos españoles, europeos, residentes legales o ilegales. Resulta paradójico, pero la práctica totalidad de los ilegales están empadronados en alguno de nuestros miles de ayuntamientos. Incluso ilegales que viven en Francia, Alemania, Italia o Argelia, se empadronan en ayuntamientos españoles para poder obtener papeles a los tres años. No olvidemos que este trámite otorga también el acceso a la tarjeta del sistema público de sanidad, lo que esta provocando un fenómeno añadido de “inmigración sanitaria”. Si la policía conoce esta situación ¿cómo es que no hay más expulsiones? >Aunque en la práctica no es así, la detención de un ilegal debería suponer la apertura de su expediente de expulsión. Cuando este se da, es notificado in situ al interesado. Para que el expediente prospere es indispensable demostrar documentalmente la identidad y procedencia del afectado. Para impedirlo los ilegales destruyen o esconden cualquier documento que les identifique a ellos o su origen, empleando nombres y direcciones falsas. La Policía Nacional que tiene la competencia en extranjería, no cuenta ni con los medios técnicos y legales, ni con la colaboración de muchos ayuntamientos, para recabar la documentación que sería necesaria. Esto dificulta, cuando no imposibilita definitivamente, las investigaciones. Otro problema es la inexistencia de centros de internamiento. La orden de expulsión debe ser ratificada por el Delegado del Gobierno de la provincia en que se da la detención. La media de tiempo de respuesta suele superar el mes. La ley prevé el internamiento preventivo de los ilegales a la espera de resolución o medios necesarios para ejecutar la expulsión y determina el tiempo máximo de este internamiento en 40 días. Para hacernos una idea de la dotación de este tipo de centros, una ciudad como Madrid solo cuenta con el Centro de Internamiento de Inmigrantes de Moratalaz con capacidad para 70 plazas. Además este centro recibe a los detenidos de otras comunidades ya que solo Algeciras, Málaga, Valencia, Barcelona, Murcia y Fuerteventura cuentan con centros propios. Sobra decir que estas instalaciones están saturadas, con lo que la mayoría de los ilegales son puestos en libertad. Cuando llega la orden de expulsión, si es que llega, todos han desaparecido. Así las cosas el mensaje que el Gobierno Popular envió al resto del mundo durante años resulto muy claro; Entre Vd. ilegalmente en España, instálese en la economía sumergida, o incluso la delincuencia durante tres años y la administración publica española le concederá como premio por su conducta el permiso de residencia. Lo cierto es que resulta tan sencillo, que la policía califica como inexpulsables a 9 de cada diez ilegales. Es un secreto a voces, la prueba está en que al menos la mitad de los repatriados vuelven a intentarlo. De la sartén al cazo, las desastrosas expectativas del PSOE. Parecía casi imposible, pero todo apunta a que el PSOE va a ser capaz de agudizar el problema. Comenzaron su campaña de verano con resolución de 100.000 expedientes de renovación de permisos de residencia en tan solo 21 días. Situación que provocó la inmediata denunciada de La Confederación de Policía. Esta organización advirtió que la administración estaba otorgando permisos sin mirar los expedientes mediante el silencio administrativo. La CEP denunció que este trabajo era realizado por 9 funcionarios, que resolvieron 3.000 expedientes diarios. Expresado en otros términos, cada funcionario "comprobó fehacientemente" entre otros supuestos, si el solicitante se había ausentado continuadamente de España, la regularidad de sus cotizaciones a la Seguridad Social, su situación laboral y contractual y sus antecedentes penales, a razón un expediente cada 75 segundos. ¿Alguien puede creerlo? La denuncia destapó un nuevo escándalo. Aunque resulte incomprensible, entre las renovaciones se incluyen habitualmente un 5% de resoluciones positivas de inmigrantes con un alto número de detenciones o causas judiciales pendientes. Resulta que es perfectamente legal, ya que las detenciones o las causas pendientes no penadas no constituyen antecedentes penales y por tanto no se valoran a la hora de obtener los permisos. Cosas que solo pueden ocurrir en la piel de toro. >¿Una nueva regularización indiscriminada? Hace pocos días, la Secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, anunciaba la intención del ejecutivo de regularizar a todos los ilegales que demostrasen "una relación laboral fehaciente y un tiempo importante de estancia en nuestro país". Esto ocurrirá basándose en la declaración de los empresarios defraudadores a los que se les perdonarán las sanciones. La medida cuando menos de dudosa legalidad, supone una amnistía de hecho de todos los empresarios que han quebrantado el artículo 53 de la ley, que castiga el hecho hasta con 60.000 euros de multa por cada empleado en condiciones ilegales y de explotación. ¿Un nuevo premio a la ilegalidad? También se ha anunciado una regularización extraordinaria en el servicio doméstico. Mediante un pago de 125 euros mensuales los ilegales podrían ser dados de alta en el Régimen Especial de Empleados del Hogar de la Seguridad Soci l, con lo que conseguirían la concesión del permiso de residencia y trabajo. ¿Pueden Vds. imaginar una fórmula más sencilla para trampear? Dado el volumen de este colectivo nadie se atreve a determinar cuantos ilegales se encuentran en esta situación, pero casi todas las fuentes sitúan su número por encima de los 300.000. Actualmente la seguridad social solo cuenta con 72.939 inmigrantes dados de alta en este servicio. Vaya sorpresa. ¿Más pistas para prever la política del PSOE? A lo largo de estos meses iremos descubriendo nuevas perlas socialistas. Pudiéramos ver la anunciada creación de un contingente flexible, ampliable a lo largo del año para países como Marruecos, "para que los inmigrantes sepan que pueden entrar legalmente en España", o la puesta en marcha de visados de tres meses de duración para la búsqueda de empleo. En palabras llanas, la supresión del límite de cupo y el fin del contrato previo. Los síntomas no pueden ser más evidentes, antes de poner en marcha el nuevo reglamento, probablemente aun mucho más permeable que el anterior, el PSOE pretende regularizar a todos los ilegales posibles. Si la regularización extraordinaria del 2001 trajo los efectos que hoy padecemos. ¿Qué ocurrirá si se produce la regularización encubierta que pudiera afectar a mas de un millón de ilegales? Y dentro de tres años más ¿Realizarán entonces nuevas regularizaciones extraordinarias los gobiernos de turno? ¿Cuántos millones regularizarán entonces? Y la reagrupación de las familias de los recién regulados, ¿Alguien ha contado con el efecto multiplicador de la medida? ¿Quién paga? Es muy complicado determinar el altísimo coste de la inmigración. Puede darnos una idea el saldo del gasto directo para la política migratoria en 2003 recogido en el plan GRECO, que ascendió a 261 millones de euros. Una propina comparada con los difícilmente calculables gastos indirectos provocados por la inmigración en los capítulos de educación, sanidad o seguridad y las aportaciones millonarias recibidas de ONGs y entidades privadas, que al fin y al cavo son a su vez financiadas por el estado. Las sucesivas regularizaciones, la reagrupación, los visados de tres meses y la laxitud de nuestras leyes, favorecen que la población inmigrante se desborde en muy poco tiempo. La magnitud del fenómeno, la falta de mecanismos y capacidad de integración o la incapacidad de absorción de nuestro mercado laboral, pone en graves aprietos la estabilidad del mercado de trabajo, el sistema coberturas sociales y ¿por qué no decirlo? la convivencia y la calidad de vida del conjunto de la comunidad. La inmigración en los términos en los que se está desarrollando no es la solución para las arcas del estado, sino su más grave problema. Pero de ello trataremos en otra ocasión si vds y este medio tienen a bien concederme un nuevo minuto de su tiempo. No encuentro mejor epílogo que las declaraciones textuales del Delegado para la Inmigración de la Confederación de Policía; "estamos en una encrucijada tan delicada que si se produce una regularización o se modifica el reglamento sin consultar a verdaderos técnicos, podría producirse una reacción social de resultados imprevisibles. Ante reformas tan poco consensuadas y tan mal analizadas, la policía no se hace responsable de lo que pueda ocurrir en la calle a medio plazo". |
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