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Visualiza la realidad de un aborto. Rompe la conspiración que quiere ocultarlo. El aborto no es un problema abstracto. Es un asesinato sangriento. Qué la gente lo vea. Bájalo y difúndelo
España no tiene futuro sin españoles.
¡No la pongas en manos de quienes los matan!

Los abortos legales realizados en España durante el periodo de Felipe González desde el 5 de Julio de 1985 (sanción de Juan Carlos I) hasta el 5 de Mayo de 1996 (Toma de posesión de Aznar) fueron 359.624.

Los abortos legales realizados durante la presidencia de José María Aznar desde el 6 de Mayo de 1996 (Primer día de gobierno) hasta el 17 de Abril de 2004 (Toma de posesión de Rodríguez) fueron 511.429

(Fuente: Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología)



De hijos agredidos y padres suprimidos

por José Basaburua

La sucesión de leyes contrarias a la familia, sufrida en España en los últimos decenios, responde a un objetivo muy preciso: un profundo cambio antropológico en las mentalidades. No se trata de una cuestión abstracta; pues en este contexto se generan numerosas víctimas concretas. Particularmente, los hijos.

La permisividad de una ley del aborto que tolera, en la práctica, que cualquier mujer que lo desee -o sea obligada a ello- elimine a su hijo, no es un hecho aislado. Deben sumársele, además, otras normas legales que, supuestamente, eliminarían tensiones y violencias atávicas propiciadas por un «machismo contrario al más elemental progreso».

Las disposiciones legales que pretenden combatir al «maltrato de género», equívoco concepto que reúne a tantas víctimas inocentes (especialmente mujeres), nos llevan a la incompresible paradoja de que una misma acción sea penalizada de manera diferente, según sea hombre o mujer su autor. Y, de paso, por medio del fraude de ley, se convierte en instrumento de rupturas contundentes al ser eliminada de hecho la presunción de inocencia en el hombre a resultas de costumbres judiciales y prácticas rutinarias.

Así, de manera progresiva, el número de denuncias por presuntas agresiones físicas y psicológicas viene aumentando. Ello se debe, en parte, a que la llamada «cifra negra» está aflorando, pero, también, a su asociación al creciente fenómeno de las denuncias falsas; como método radical para imponer una resolución policial y judicial a un conflicto de pareja con intereses contrapuestos. Lo reconocen muchas mujeres que trabajan en los servicios de atención a la mujer de la Policía Nacional, juristas, psicólogas, jueces y fiscales… y también coinciden en otro aspecto: afirmarlo es «políticamente incorrecto».

La progresiva liberalización de la legislación divorcista, equivalente hoy día a un auténtico repudio, responde, igualmente, a la misma filosofía de partida: facilitar la autonomía personal, eliminar ataduras, superar compromisos insoportables… evitar el dolor.

Pero, realmente, ¿ello ha sido así?

Un efecto claramente perceptible, de la anterior, ha sido el correspondiente cambio de la conciencia moral: se asume social e individualmente como bueno lo que legalmente es posible. Pero no sólo en su lectura estricta y literal, sino también en sus quiebras y lagunas.

Aparentemente, la primera víctima es la figura del padre: se le priva de gran parte de su capacidad de decisión, salvo que su pareja sea muy benévola; sus actos están sometidas al prisma de la sospecha permanente; se le etiqueta desde el prejuicio del feminismo radical hoy dominante. La figura del padre, en definitiva, se difumina hasta su desaparición.

Pero no sólo la figura del padre es víctima de este proceso, pues los primeros en sufrir sus efectos devastadores son los hijos. Resulta paradójico: por ellos queremos darlo todo, estamos dispuestos a sacrificarnos, no les negamos casi nada… y no faltan quienes los usan a modo de ariete contra el cónyuge repudiado.

Siempre se ha comentado que «con los hijos no se juega». Y parecía sensato: su interés debe prevalecer por encima del de los padres, pues está en juego su futuro y su integridad moral y psicológica. Pero las nuevas leyes permiten instrumentalizarlos en campañas planificadas para eliminar de su horizonte a uno de los cónyuges, generalmente el padre. La ley parece facilitar esas maniobras y, finalmente, se admite como moralmente irrelevantes. Pero, estas afirmaciones, ¿son arbitrarias y oportunistas?

En Estados Unidos los estudios hablan de más de dos millones de niños afectados por el llamado “Síndrome de Alienación Parental” (SAP), que en otros se denomina “de alineación”. En Argentina, donde también existen numerosos estudios al respecto, serían varios cientos de miles. Y, ¿en España? Realmente no se sabe, pero ahí están. Y, desgraciadamente, también son muchos.

En Cataluña existe un Equipo de Asesoramiento Técnico Civil, adscrito a los Juzgados de Familia de 1ª Instancia e Instrucción, que puede intervenir en situaciones de crisis familiar en procesos jurídicos contenciosos de separación y/o divorcio en los que existen menores. Los dos equipos existentes en Barcelona y Tarragona han constatado que uno de los conflictos más frecuentes es el rechazo de -uno o varios- de los hijos hacia el padre, generalmente el alejado. Y ese rechazo, en muchas ocasiones, es inducido o potenciado de manera consciente y planificada por el otro cónyuge. En definitiva: una verdadera agresión psicológica dirigida contra los hijos, de graves y duraderas secuelas. Finalmente, el fin justifica los medios, como normal general de comportamiento socialmente aprobado.

En casos extremos se llega incluso a la llamada «denuncia bastarda». Así, según una noticia publicada por el diario El Mundo-El Día el 24/11/04: «Algunos padres utilizan denuncias falsas de abusos sexuales para lograr la custodia del niño. El psicólogo Javier Urra critica estas prácticas que causan al menor un “dolor incalculable”. El psicólogo experto en niños, primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, abundó ayer en Palma en una serie de prácticas perversas entre las parejas en conflicto. El menor como epicentro es utilizado para conseguir un fin: la custodia. En este sentido, Urra denunció el profuso uso de la “denuncia bastarda” para lograr este fin. En concreto, el psicólogo criticó que algunas madres “sabiendo que es mentira” denuncian a su ex marido por supuestos abusos sexuales el tiempo que le corresponde la custodia».

Todo lo que venimos describiendo, desde lo general a lo particular, no son cuestiones abstractas: está perfectamente acreditado, por multitud de estudios, que en la práctica totalidad de rupturas matrimoniales conflictivas se produce una instrumentalización, en uno u otro sentido, de los hijos. Sin embargo, tales leyes, tan liberales, tan progresistas… en principio sólo aspiraban –o al menos así lo aseguraban- a eliminar sufrimientos y tensiones. ¿Lo han conseguido? Únicamente desde el prejuicio ideológico puede responderse afirmativamente.

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José Basaburua


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