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Carta al Senado de Chile de un simple español por José Díaz Nieva El pasado 18 de octubre, aprovechando una visita a Chile del Presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, el señor Juan José Ibarreche, el Senado de esa República aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos una declaración en el que se respaldaba el “Proceso de Paz” en el País Vasco. El proyecto, que fue promovido por senadores de todo el espectro político, desató la ira de la comunidad española y no demoró en despertar reacciones. La Plataforma España y Libertad envío una carta de protesta al Presidente del Senado. Estas protestas también tienen nombres y apellidos, como el de al nuestro colaborador José Díaz Nieva, quien además tiene una larga relación con ambientes académicos y políticos en aquel país. Su carta de protesta no ha recibido contestación por parte de ningún político, que han preferido esconder la cabeza como si de avestruces se trataran; no obstante, no ha pasado desapercibida por el público en general, siendo elogiosamente comentada en el diario de mayor difusión y prestigio de Chile, El Mercurio (Véase edición del Domingo 29 de octubre, página D•3) | |||||
| A Sus Señorías en relación con la declaración aprobada el 18 de octubre de 2006 en relación al «PROCESO DE PAZ DEL PUEBLO VASCO», tal y como se puede leer en el Boletín de Sesiones del Senado de la República de Chile: En la noche del 16 al 17 de octubre de 1998 era detenido en una clínica de Londres Augusto Pinochet Ugarte. La detención del anciano general, que por aquel entonces contaba 82 años, respondía a una solicitud de extradición cursada a través de INTERPOL por el célebre juez Baltasar Garzón. La solicitud de Garzón se basaba en la presunta participación de Pinochet en la denominada «Operación Cóndor», una supuesta red de lazos de cooperación de los gobiernos militares del momento para la eliminación física de cualquier conato de oposición política. La petición de detención de Pinochet venía precedida de una querella presentada por el abogado Joan Garcés, que en su juventud había sido asesor personal de Salvador Allende. La reacción del Gobierno chileno, una coalición de partidos de centro-izquierda, no se hizo esperar, y el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle pronunció unas palabras que se convirtieron en el resumen de la postura que el Gobierno chileno iba a adoptar ante el conflicto que nuestro juez estrella suscitó: «Las personas chilenas deben ser juzgadas en Chile». Se daba además la circunstancia de que el Ministro de Exteriores del gobierno Frei era José Miguel Insulza, el cual personificaba esa imagen de muchos políticos chilenos que habían sufrido la exclusión y el exilio durante el gobierno Pinochet y que debían ahora defender por «razones de Estado» a quien consideraban «el dictador que había destruido la democracia chilena y reprimido a su pueblo». Desde algunos sectores de la izquierda chilena se precisaba: «Dejamos muy claro, desde el comienzo, que no estábamos defendiendo las violaciones de derechos humanos del general Pinochet, sino nuestra institucionalidad». Con alguna excepción (la extrema izquierda y un reducido sector del llamado socialismo democrático), tanto la derecha como la izquierda coincidían en el planteamiento general de asunto. El Gobierno comenzó entonces una difícil batalla política y diplomática dentro y fuera de Chile para hacer valer la tesis de que el proceso de extradición constituía una injerencia española en la soberanía chilena. Ahora, ocho años después de esa situación, los españoles nos encontramos ante la sorpresa de que el Senado de la República de Chile se pronuncia, por unanimidad, sobre el mal llamado «proceso de paz del País Vasco (sic)». En ese acuerdo se puede leer literalmente: «La finalidad del presente proyecto de acuerdo es reconocer la voluntad e iniciativa de impulsar el proceso tendente a poner término a la violencia y la división, e instalar un escenario de paz que permita el ejercicio de las libertades políticas del pueblo vasco». Los autores del proyecto son los senadores Adolfo Zaldívar Larraín (PDC), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (PDC), Roberto Muñoz Barra (PPD), Jaime Naranjo Ortiz (PPD), Pedro Muñoz Aburto (PS), Guido Girardi Lavín (PPD), Nelson Ávila Contreras (PRSD), Alejandro Navarro Brain (PS), José Antonio Gómez Urrutia (PRSD), Antonio Horvath Kiss (RN), Guillermo Vásquez Úbeda (PRSD) y Jaime Gazmuri Mújica (PS); entre ellos, como se podrá observar, destacan tanto senadores de la derecha como de la izquierda y de la democracia cristiana. Los legisladores señalaron que «la vinculación entre Chile y el País Vasco, se remonta a los orígenes mismos de la nación chilena, con la llegada de los primeros inmigrantes venidos de esas tierras que empeñaron su laboriosidad y tesón en la construcción de esta nueva Patria». Explicaron que «la asimilación de los vascos fue determinante para contribuir sin duda a forjar nuestra identidad nacional, al extremo de que un gran pensador como Miguel de Unamuno, llegó a decir que Chile es una de las mayores creaciones de ese pueblo». Por lo tanto, agregaron que «los asuntos del pueblo vasco, particularmente la violencia y división que los han asolado desde hace años, nos compromete y preocupa». En ese sentido, valoraron «los últimos acontecimientos que dan cuenta de nuevos caminos de paz que se abren para el pueblo vasco, condición indispensable para afianzar una sociedad, democrática, próspera y justa». Pero vayamos por partes: 1º. Es cierto que esa relación entre Chile y el País Vasco, de la que Sus Señorías hablan, existe. Recuerdo haber consultado no hace mucho tiempo un libro de Pedro Javier Fernández Pradel, titulado Linajes vascos y montañeses en Chile; aunque bastaría para darse cuenta de ello con mirar cualquier guía de teléfonos y observar los apellidos Baquedano, Bascuñan, Bilbao, Cruchaga, Echenique, Egaña, Erráruriz, Etchepare, Eyzaguirre, Izurieta, Garay, Labarca, Larraín, Lavín, Orellana, Vildósola o Zaldívar; y ello por poner sólo unos ejemplos. Pero se olvidan aquello que nos recordaba Jaime Eyzaguirre, que, sin negar los aportes vascos y navarros, de los cuales él era un claro ejemplo, señalaba cómo «los primeros colonizadores provenían en su mayor parte de Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva, que eran las regiones más próximas a los sitios de embarque para América (Sevilla y Cádiz)». Sus Señorías se olvidan que el primer chileno fue Pedro de Valdivia, nacido en Villanueva de la Serena, en la actual Extremadura; que aquel que consideran su libertador era el hijo ilegítimo del Capitán General Ambrosio O’Higgins, nacido en Ballenavy (Irlanda); que su héroe nacional por excelencia, don Arturo Prat Chacón, era de origen catalán… Y ello por no reparar que también alemanes, suizos, italianos, franceses, ingleses, croatas, palestinos… han ido configurando el actual Chile: los Frei, los Alessandri, los Mackenna, los Mac-Iver, los Edwards, los Letelier, los Von Marées, los Von Bischoffhausen, los Keller, los Tohá, los Yoma, los Yarur, los Tomic, los Marinkovic, son claros ejemplos de ello. Esto nos lleva a la conclusión de que Chile no está más implicada en los asuntos que puedan afectar al País Vasco (o Vascongadas, como tradicionalmente se ha conocido a esos territorios que configuran las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que nunca han tenido una unidad política antes de 1978) que aquellos otros que puedan afectar al cantón de Sankt Gallen (por ser esta la patria originaria de los Frei) respecto de Suiza. 2º. Sus Señorías, por otro lado, deberían tener más rigor a la hora de apoyarse en determinados autores vascos. El filosóficamente heterodoxo Miguel de Unamuno era vasco, sí, pero profundamente antinacionalista. Es una infamia usar la autoridad de Unamuno, quien tenía tanto amor por España y su unidad, para justificar la negociación con unos separatistas que en vida tanto combatió. 3º. Sus Señorías deberían tener presente que lo que antes era válido para el caso Pinochet lo es ahora para la actual situación política española. 4º. Sus Señorías deberían saber que para establecer un «proceso de paz» antes es necesario que exista un conflicto bélico propiamente dicho; aquí lo único que hay es una banda terrorista criminal que asesina y sus cómplices políticos (lo que en Derecho Penal llamaríamos «colaboradores necesarios»), y una población que es asesinada, y que vive prisionera por el miedo y el chantaje terrorista. 5º. Por otro lado, y pese a las pretensiones de algunos en identificar ambos «conflictos», Sus Señorías deberían conocer que el caso vasco y el caso irlandés distan mucho de parecerse lo más mínimo. Allí había dos comunidades enfrentadas: católicos y protestantes. En lo que ustedes llaman el «caso vasco» sólo hay una sociedad, la española, amenazada por una banda criminal. 6º. Si Sus Señorías, en cualquier caso, persisten en redactar una declaración, deberían conocer el problema en toda su profundidad y en todas sus dimensiones, y haber conocido la versión de las víctimas. Su declaración únicamente se asienta en lo manifestado por los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano —fiel aliado del Partido Nacionalista Vasco, defensor de las mismas tesis que los asesinos de ETA, y principalmente de la independencia— y la de algunos dirigentes de la izquierda chilena, esos mismos dirigentes que creían que «las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada». (Véase las conclusiones del Congreso de Chillán en el libro de Julio César Jobet, Historia del Partido Socialista de Chile). 7º. Sus Señorías saben que la democracia chilena sólo tiene una víctima desde el fin del gobierno militar, el Senador Jaime Guzmán; pero también deberían conocer que el coste de nuestra democracia se asienta sobre más de 1.000 muertos; eso sin contar los heridos de diferente consideración y los más de 200.000 vascos y 50.000 navarros que han tenido que salir de sus hogares y de su tierra; 250.000 personas obligadas a un exilio forzoso para poder, así, salvar sus vidas. La declaración emitida por el Senado de Chile es un insulto a esas víctimas y a esos cientos de miles de exiliados. Lo que resulta más sorprendente es la actitud de los senadores de Renovación Nacional y, sobre todo, de la Unión Democrática Independiente, la actitud de los amigos y correligionarios de Jaime Guzmán. Puede que el señor Ibarreche (que en esos días andaba de visita por Chile, camino de la Universidad Arturo Prat de Iquique, donde iba a inaugurar la puesta en marcha de un convenio entre esa casa de estudios superiores y la Universidad del País Vasco) o nuestro Presidente de Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, estén encantados con la declaración por Ustedes emitida. Pero también puedo asegurarles que la gran mayoría de la población española no entiende cómo Ustedes han podido caer en la trampa de internacionalizar un problema interno de un Estado soberano. Y les vuelvo a recordar que ese problema no es un conflicto entre dos comunidades enfrentadas, que nada tiene que ver con el caso irlandés; que es simple y llanamente una cuestión de delincuencia organizada —y de quienes se aprovechan de esa delincuencia para sus objetivos políticos— contra los españoles, contra la historia y la razón. Pero imaginemos por un momento que fuese un problema político: ¿qué opinarían Ustedes si el Parlamento español, o cualquiera de sus dos cámaras, aprobara una declaración solidarizándose con las reivindicaciones indigenistas de Aucán Huilcamán? ¿Qué pensaría el pueblo chileno si España emitiera una declaración en la que se afirmara que Chile debería entregar parte de su territorio a Bolivia para que los bolivianos tuvieran una salida al mar? Seguramente Ustedes considerarían que esa actitud constituía una intromisión intolerable. •- •-• -••••••-• | |||||
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