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Nueva constitución para Bolivia. por José Díaz Nieva Bolivia viene redactando una nueva constitución: la iniciativa venía de atrás, aunque ha sido el gobierno de Evo Morales quien se ha encargado de promover la iniciativa, dando un especial impulso a sus políticas indigenistas. | |||||
| El pasado 18 de diciembre de 2005 se celebraron en Bolivia elecciones para designar quién ocuparía el sillón presidencial en el Palacio Quemado (llamado así como consecuencia de los incendios provocados en los múltiples golpes de Estado a lo largo del siglo XIX). Tras la jornada electoral y el recuento de los votos llegó la sorpresa: el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganaba las elecciones con el 53,74% de los sufragios. 1.554.374 electores habían respaldado la candidatura de Evo Morales Ayma y Álvaro Marcelo García Linares. Un veterano líder cocalero ocuparía la Presidencia de la República, su Vicepresidente sería un ex convicto que habría participado de las acciones llevadas a cabo por el llamado Ejército Guerrillero Tupak Katari. El nuevo gobierno partía, además, con una mayoría nunca alcanzada por ningún otro gobernante desde el restablecimiento de la democracia en 1982, tras la caída de Luis García Meza Tejada y las Juntas Militares presididas por Celso Torrelio Villa y Guido Vildoso Calderón. Entre las promesas electorales estaba la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar el Estado. La redacción de una nueva constitución planteaba algunos problemas de orden político a tener presente; había quien defendía la idea de que el nuevo texto tendría que ser preparado, debatido, e incluso redactado, en su forma inicial, en cabildos abiertos, foros, asambleas y tribunas populares. La nueva Carta Magna —se afirmaba— no podría en ningún caso ser una «constitución bis», sin cambiar nada de fondo, «como[lo] estarían planificando juristas y políticos de toda índole», en un intento de «guardar la misma filosofía y los mismos privilegios para los partidos políticos y para las clases dominantes con algunos remiendos endormecedores para el Pueblo». El nuevo Presidente y sus colaboradores más cercanos se encontraban ante el dilema de contentar a sus partidarios y romper con el orden jurídico existente, o tratar de pactar con los sectores políticos una salida que contentara a todos. Se opto por la vía legalista. El 2 de julio de este año se celebraron unas elecciones para elegir los 255 miembros de la Asamblea Constituyente. Al proceso electoral concurrieron 25 agrupaciones y entidades políticas diferentes, muchas de ellas de reciente creación, otras representaban las viejas siglas de un pasado que languidece irremisiblemente. Ante ese proceso electoral el presidente Evo Morales se encontraba exultante. En las semanas previas al acto electoral no se cansaba de realizar afirmaciones en las que auguraba una amplia victoria para su partido. «En la elección de constituyentes, estoy seguro de ganar, con el 70 o quizá con el 80 por ciento a nivel nacional». Estaba seguro de poder traspasar su índice de popularidad, que tras la nacionalización de los hidrocarburos ascendió considerablemente. Pese a las expectativas creadas, el partido de Evo Morales quedó muy lejos de alcanzar sus objetivos. Le faltaron 33 escaños para alcanzar la mayoría de los 2/3 que requiere la ley para aprobar la nueva constitución; ello le ha forzado a buscar alianzas con otras fuerzas políticas. Aun así al MAS le faltarían 9 escaños para alcanzar esos 2/3 de los representantes. Realizada la elección, elegidos los miembros de la Asamblea Constituyente, constituida la Directiva de la Asamblea Constituyente (en la que el MAS ocupa seis de los once puestos) todos los obstáculos iniciales quedaban superados. Tan sólo quedaba la inauguración de los trabajos de la Asamblea. «Aquí nació Bolivia, aquí se refundará la Patria», se podía leer en coloridas pancartas que adornaban la entrada y las calles de la ciudad de Sucre. Era el sábado 5 de agosto y todo estaba preparado para las jornadas que estaban a punto de comenzar. En las calles se veían multitud de gente venidas de toda Bolivia. Las cholas vestían sus tradicionales trajes, pero esta vez también sus mejores galas, pues no era para menos; el Presidente de la República venía a hablarles, y todo estaba preparado para celebrar el Día Nacional de Bolivia. Ese mismo día el Presidente de la República, Evo Morales Ayma, presentaba su primer Informe a la Nación. El discurso (que tuvo una duración de algo más de dos horas, tal vez en intento de emular a su admirado Fidel Castro) comenzó por saludar a las diferentes autoridades e invitados presentes en el acto, aunque tuvo una especial mención al mundo indígena: «Saludamos a la hermana Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la Paz, a las delegaciones del movimiento indígena de América, saludamos también desde acá a las 36 nacionalidades indígenas de Bolivia presentes». Junto a este brindis obligado, y casi al final de su intervención, Morales ponderó y enalteció la gestión que llevaría adelante la Asamblea Constituyente. Días antes de la apertura de esta Asamblea Constituyente, el MAS había editado un pequeño folleto que, bajo el título de Refundar Bolivia, recoge sus propuestas de cara a la elaboración de la nueva carta magna. El citado borrador comienza por reafirmar el carácter mercadamente indigenista que se pretende inculcar a la nueva constitución: «Desde 1826 hasta hoy, Bolivia ha tenido más de una docena de asambleas constituyentes. En todas ellas los indígenas, los campesinos y los sectores mayoritarios, fueron marginados de la vida republicana. Por eso nuestros antepasados fueron marginados de vida republicana, Por eso nuestros antepasados como Tupak Amaru, Tupak Katari, Bartolina Sisa, Zárate Willka [1] y tantos otros, empeñaron todos sus esfuerzos y dieron su vida por lograr espacios de inclusión y de auto representación en la vida política nacional. Así, la historia de Bolivia es la historia de la resistencia indígena-popular frente a la discriminación y la pobreza». Tras proclamar que Bolivia se convertiría en una «república democrática, libre, soberana e intercultural, basada en la autodeterminación de sus pueblos», se propone que adopte para su gobierno una forma democrática «plural, participativa, comunitaria y representativa, basada en la diversidad de los pueblos, para la eliminación de toda forma de colonialismo, segregación y discriminación». El documento, tras criticar la democracia formal de tipo occidental, pasa a declarar que «se fomentarán los mecanismos de la democracia consensual practicada en las comunidades» indígenas. También se señala que éstas «tienen derecho a la autodeterminación y a la territorialidad», así como «al reconocimiento de sus sistemas políticos y sistemas de conformación de autoridades practicadas como forma de elección y toma de decisiones»; a gestionar sus recursos colectivos «de acuerdo a sus propias tradiciones y costumbres»; a practicar su medicina ancestral de acuerdo a los conocimientos médicos practicados de manera regular por sus comunidades; y a «ejercer derechos políticos y de ciudadanía diferenciada, de acuerdo con sus usos y costumbres propios, extendidos y permanentes». En el apartado de «Principios Constitucionales» y en relación a la lengua oficial de Bolivia se establece que además del castellano serán oficiales el aymara, el quechua y el guaraní; reconociendo, además, que el resto de lenguas (mojeño, chiquitano, etc.) serán de uso oficial en los territorios indígenas que lo utilicen. En este sentido habría que puntualizar que el gobierno de Bolivia, mediante una ordenanza ya aprobada, tiene la pretensión de obligar a todos los funcionarios públicos a aprender, en un plazo de dos años, el idioma de los indígenas locales, con la amenaza de tomar medidas disciplinarias contra aquellos que opongan algún tipo de resistencia, medidas que podrían llegar incluso al despido. El Ministro de Educación, Félix Patzi, ha afirmado, en este sentido, que el gobierno tomaría las medidas oportunas, a la menor brevedad posible, para que los funcionarios asistan a institutos profesionales donde se les enseñe las lenguas nativas originarias. En este mismo sentido también se podría reparar en el hecho de que la WHIPHALA, la bandera indígena de siete colores (KURMI), tendrá el mismo reconocimiento que la actual bandera nacional; de hecho ya ondea flamantemente en el Palacio de Gobierno, en la Sede del Poder Legislativo, en los Ministerios y en otros edificios oficiales. Para concluir este apartado el MAS insta a incluir en la constitución una especial mención a la hoja de coca: «La hoja de coca forma parte de las tradiciones culturales y será protegida por el Estado». Es evidente el compromiso del antiguo dirigente cocalero con los productores de ésta planta, a la cual se pretende convertir en el edelweiss boliviano. En el apartado de «Derechos Individuales» merece la pena recalar en una de sus propuestas: «toda persona tiene derecho a rebelarse contra las autoridades que actúen contra el ordenamiento constitucional establecido». ¿Se pretende constitucionalizar el Derecho de Rebelión? ¿Quién diría cuándo el Gobierno esta actuando contra el orden constitucional? ¿Este particular Derecho de Rebelión incluye la posibilidad de alzarse contra el mal gobierno, contra el gobierno que no tenga como meta el alcanzar el Bien Común? El artículo que no tiene desperdicio es el incluido en el apartado de «Garantías que dará el Estado» a las personas; entre éstas se encuentra el derecho que podrán tener a la hora de elegir su orientación sexual o la constitucionalización del «derecho al aborto»: «El Estado garantiza el derecho a la opción sexual y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos libres de toda coerción, violencia y discriminación. Asimismo, promueve la maternidad y la paternidad responsables, garantizando el derecho de la personas a decidir sobre el número de hijas e hijos que quieran procrear, adoptar, atender y educar, asegurando servicios de orientación sexual y planificación familiar». En relación con los poderes del Estado y en lo relativo al Poder Legislativo, se establece que éste será elegido por el voto universal y directo de los bolivianos, y en las circunscripciones que marque la ley, aunque «en las circunscripciones territoriales con mayoría de pueblos indígenas, los representantes al Congreso podrán ser elegidos según las instituciones comunitarias de elección por asamblea». Respecto al Poder Ejecutivo, se prevé que éste sea elegido en votación directa, eliminando así la posible participación del Congreso Nacional, como venía siendo hasta el día de hoy. Se establecen límites de lo que puede llegar a ganar un presidente del país: treinta veces el salario mínimo, actualmente 62 dólares mensuales; y se señala la posibilidad de revocar el mandato del Presidente de la República (y de todos los demás cargos de elección) por medio de consultas populares. El proyecto no habla para nada de la posibilidad de reelección de Evo Morales; cuestión que, no obstante, se puede dar por sobreentendida, tal vez siguiendo los pasos de su admirado Hugo Chávez. Finalmente, y con referencia al Poder Judicial el texto establece que junto a «las estructuras jurídicas nacionales [se] incorporarán las formas de justicia de los pueblos indígenas. La decisión impuesta por la autoridad originaria en el ámbito de su competencia será efectiva y válida ante la justicia ordinaria, policía y cualquier otra instancia estatal». Ya para terminar, y en lo relacionado con el apartado económico, se establece que «la propiedad de los recursos naturales es del pueblo y se ejerce a través del Estado Nacional». Además «tienen carácter inalienable, imprescriptible e intransferible y su administración será responsabilidad del Estado». Relacionado con este apartado, aunque dentro de «Las bases constituyentes de la Asamblea», se establece que «El régimen agrario y la tenencia de la tierra serán regulados por el Estado en base a la no superposición del interés individual al colectivismo … eliminando los latifundios». Indigenismo, nacionalismo, socialismo trasnochado, una buena combinación de elementos que no sabemos dónde podrán llevar a la futura Bolivia. Todo parece indicar que el sueño del señor Morales es la reconstrucción del TAWANTINSUYU, y el KOLLASUYU en particular. Tan sólo quedaría realizar una última reflexión: Evo Morales se cree que desde el gobierno puede realizar una revolución e instaurar un régimen contrario al establecido por la constitución política; muchos olvidan que años atrás eso mismo fue lo que sucedió en la Alemania de Weimar con Adolf Hitler y su instauración del III Reich. Evo Morales no es un demócrata, no lo ha sido nunca. Fue el director de orquesta, el protagonista principal, de un auténtico golpe de Estado contra los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos D. Mesa Gisbert. Y ahora pretende perpetuarse en el poder mediante una reforma constitucional, en la que se impondrá la reelección presidencial, facilitando así su permanencia en el cargo y desde ese puesto transformar las estructuras políticas y sociales de Bolivia. Lo que para algunos comenzó siendo un grito de libertad se encamina a convertirse en una pesadilla para todos aquellos que le tendieron su mano (como nuestro Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero) y sobre todo para sus propios conciudadanos. •- •-• -••••••-• José Díaz Nieva 1. Todo esto quedaría muy bien si la revuelta de Tupac Amaru no se hubiera realizado al grito de ¡Viva el Rey, muera el mal gobierno!, o si la rebelión militar en la que participó Zárate Willka no hubiera sido un intento de golpe de Estado, encabezado por José Manuel Pando, contra el Presidente José Mariano Melgarejo. | |||||
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