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por José Manuel Cansino Todas las decisiones políticas tienen consecuencias económicas; la diferencia entre unas y otras sólo es cuestión de grado. Particularmente importantes para la ciudadanía son las que tienen que ver con la administración pública. De manera que una cuestión tan crucial como la estructura de la propia administración es de una importancia económica inopinable | |||||
| Tanto el denominado plan Ibarretxe como la propuesta del PSE-PSOE y también el borrador de reforma del Estatuto catalán en lo que ha trascendido suponen una alteración radical de la administración pública española de graves consecuencias económicas. No obstante y hasta el momento, sólo el plan secesionista vasco ha recibido la atención de los economistas desde una perspectiva que bien pudiera llamarse Economía de la secesión. A día de hoy disponemos de dos estudios de dimensiones bien diferentes, pero de igual rigor científico, sobre las consecuencias económicas que la separación del resto de España tendría para las tres provincias vascas. El primero de ellos en dimensión es la obra dirigida por el profesor Mikel Buesa, Economía de la secesión. El proyecto nacionalista y el País Vasco (Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2004). El elenco de profesores que han trabajado con Buesa obtiene unos resultados que ofrecen pocas dudas sobre las consecuencias negativas que el plan separatista tendría para la comunidad autónoma vasca. Así, la actividad productiva puede llegar a disminuir entre un mínimo del 10,5 y un máximo del 19,9 por 100 sobre su nivel actual. Consecuencia directa de lo anterior sería la pérdida de entre 89.000 y 178.000 empleos. Por otra parte, el estudio dirigido por Buesa deja bien a las claras las consecuencias económicas que el terrorismo ha provocado ya. A modo de ejemplo, desde mitad del decenio de 1970, la economía vasca se ha alejado de la trayectoria seguida por Madrid y Cataluña, y como consecuencia de este cambio de pauta, la población se ha estancado. Los economistas no albergan dudas cuando afirman que la raíz del menor crecimiento vasco reside en la evolución de la inversión orientada a la producción, la inversión productiva, la variable que más sensible se muestra siempre a los conflictos sociales y políticos y a la incertidumbre acerca del futuro que introducen. Desde comienzos del siglo XXI, los flujos de inversión extranjera directa hacia el País Vasco han decaído como nunca lo habían hecho antes. De no haber existido actividad terrorista, el PIB per cápita vasco habría sido superior en 1998 al registrado en torno a un 8 por 100. En esta estimación, el resultado del estudio dirigido por Buesa coincide con el otro trabajo disponible, concretamente el elaborado por Alberto Abadíe y Javier Gardeazabal y publicado por la prestigiosa American Economic Review en 2003. Desde un punto de vista dinámico, las proyecciones de estos estudios son igualmente negativas para la economía y la sociedad vascas. Las cifras de negocio demuestran que las relaciones económicas con el resto de España son determinantes. Estimando ecuaciones de gravedad, se concluye que la comunidad autónoma vasca comercia entre 11 y 16 veces más con el resto de España que con cualquier otro país. Sin duda, se trata de una situación extrapolable a Cataluña, como acaba de evidenciar el balance hecho público por el presidente de Freixenet, reconociendo el notable descenso en las ventas de cava. En el mismo sentido que las ecuaciones de gravedad apuntan los resultados de la encuesta empresarial incluida en el estudio de Buesa. Para cuatro de cada cinco medianas y grandes empresas encuestadas, el resto de España es el principal destino de sus ventas; además, en un 37 por cien de los casos cuentan con instalaciones de producción en regiones españolas distintas de la vasca, y en el 58 por cien ocurre lo mismo con respecto a las estructuras de comercialización. Esta apertura hacia la geografía peninsular ha sido el resultado de un proceso de realización de inversiones que abarca un largo periodo de tiempo y que ha estado impulsado por la existencia del terrorismo y de un clima político adverso dentro de la región. Por último, la sostenibilidad de un sistema de Seguridad Social en un hipotético Estado vasco independiente resultaría ciertamente difícil. La evolución del número de afiliados en alta laboral y de las bases medias de cotización determinan unas previsiones de ingresos por cotización inferiores en las tres provincias vascas que los índices equivalentes estimados a nivel nacional. En las previsiones en cuanto al comportamiento del número de pensionistas los economistas observan índices de crecimiento moderado hasta el 2006, produciéndose un significativo crecimiento a partir de dicho año mucho más acentuado en el caso del vasco que en el resto de España. Desde una perspectiva estrictamente económica, tanto la secesión vasca como una deriva similar de Cataluña son un mal negocio para nuestros compatriotas. •- •-• -••• •••-• | |||||
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