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por Luis Losada Pescador El gobierno no cumple las condiciones de incompatibilidad de puestos que regula para otros | |||||
| Jordi Sevilla se desgañita pidiendo "austeridad" a sus colegas, mientras parchea su ambición con una proposición de Ley de Incompatibilidades paniaguada "No he de ocultarles que este es un día importante para mi y que estoy contento", señala el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla en la presentación de la proposición de Ley de Incompatibilidades. Lamentablemente, no podemos compartir su entusiasmo. Porque el proyecto inicial presentado el pasado 10 de diciembre, ha quedado "pinchado" por presiones de los más díscolos. Veamos. La novedad más importante es que las empresas que incumplan con la ley no podrán contratar con el Estado. "De la misma forma que se exige estar al corriente de la Seguridad Social y de Hacienda se exigirá cumplir con la Ley de Incompatibilidades", señala Sevilla. De esta forma, se impide que los ex altos cargos fichados por su agenda de contactos puedan aprovechar las relaciones cultivadas durante su permanencia en el gobierno. ¡Albricias! Pero sigamos analizando. Resulta que el proyecto de Ley impide compatibilizar dos cargos. Salvo en el caso del alto comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces Barba, para quien no se aplica la incompatibilidad alegando que el cargo como alto comisionado no es remunerado, su nombramiento fue previo a la proposición de Ley y además es rector de una universidad, entidad autonómica, no estatal. La verdad es que las excusas no son muy buenas, así que Sevilla ofrece a este cronista caras de no creérselo del todo. Cosas de la "obediencia debida". La "vice" manda. ¡Vaya que si manda! Más. Resulta que supuestamente la Ley de Incompatibilidades acabará con las dietas que los altos cargos cobran por asistir a los consejos de administración de las empresas publicas. En concreto se trata de 249 y la práctica no es nueva. Ha sido el sistema habitual para compensar económicamente el tránsito a la actividad pública. Pues bien, se acaban las dietas, pero no su importe. El proyecto pretende que ese dinero siga llegando al mismo bolsillo, pero en forma de sueldo, no de dieta, aunque de momento está pendiente de un informe de Hacienda. Es decir, una mera transformación contable. Es lo que Sevilla llama "transparencia". Por lo demás, ninguna novedad. Se eliminan los tratamientos de "excelentísimo" y se establece un mecanismo para que sea el Parlamento quien conozca y dé su veredicto sobre los nombramientos de algunos altos cargos, entre ellos, los responsables de los organismos de supervisión: Banco de España, CNMV y CMT, CNE, pero también el presidente del Consejo de Estado, de la Agencia de Protección de datos, del CES, de RTVE, la Agencia EFE y Consejo de Seguridad Nuclear. Lo llamativo es que se deje para desarrollos posteriores algunos puntos que habían sido anunciados en el Código de Buen gobierno del gobierno. Sevilla lo explica cómo un compromiso político de mayor alcance y de dotar a cada reforma del rango que le pertenece. "No será pues una norma, sino un conjunto de normas de distinta graduación". Se trata de evitar que los recursos posibles afecten al paquete completo, como reconoce el mismo Sevilla. "Las leyes son muy importantes y se pueden recurrir". Vale. En resumen: una norma con mucho marketing y poca praxis. "Nos colocamos en la vanguardia de la OCDE", decía pomposo Sevilla. Pero la realidad es no se ha evitado el "doblete" de Peces Barba ni la piscina de Sonsoles Espinosa. Y el gobierno "debe de predicar con el ejemplo" como gusta decir De la Vega. Lo que pasa es que la moqueta y el coche oficial generan adicción. ¿O no? •- •-• -••• •••-• | |||||
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