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por Francisco Torres Hasta ahora la polémica y el debate sobre la futura Ley de Educación se ha centrado en aspectos muy tangenciales: la cuestión de la religión en los colegios, las repeticiones, la enseñanza de los idiomas, etc. Se ha dejado a un lado de la polémica el componente de adoctrinamiento moral o amoral que la Ley encierra, superando lo que ya apuntaba la destructiva LOGSE. No se ha querido entrar en el precio que han puesto los nacionalistas a un futuro apoyo a la Ley. Sin embargo, antes de entrar a analizar la propia Ley conviene alertar sobre la ruptura de la igualdad de oportunidades que en materia educativa se está produciendo en España debida, básicamente, al traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, a la ruptura camuflada del currículo y a las diferencias abismales en el gasto por alumno según el lugar donde nos encontremos | |||||
| El cierre del curso político dejó para este otoño el debate sobre la reforma educativa socialista. Un proyecto presentado por el gobierno con la intención manifiesta de convertirse en la Ley de Educación que España demanda desde hace más de dos décadas. Aunque envuelta en papel de plata, con brillantes promesas, ha chocado con la falta de consenso que este tipo de legislación requiere y las críticas de sindicatos, profesores y asociaciones de padres a la misma. Hasta la fecha todas las reformas educativas encaminadas a sustituir la afamada Ley Villar Palasí, superada por los cambios socioeconómicos acontecidos en nuestro país y el desarrollo de los nuevos canales de información, han constituido un sonoro fracaso. Desde la inútil e ineficaz “reforma experimental” a la LOCE del Partido Popular, pasando por los planteamientos iniciales de la reforma Maravall, desde la LODE a la LOGSE la Educación en España navega sin rumbo ni horizontes. Los sucesivos informes publicados, que no hacen más que confirmar la percepción que existe en la sociedad, han ido constatando la vertiginosa caída de los niveles educativos en España en todos los estadios del sistema educativo. Los dictámenes no pueden ser más contundentes: caída de niveles, depreciación de la calidad de la enseñanza y tasas de fracaso escolar que tienen su última expresión en el alto porcentaje de alumnos universitarios matriculados que no concluyen sus carreras. Leyes que muchas veces parecen hechas de espaldas a la auténtica demanda social y económica pues, por ejemplo, no han conseguido poner en vías de solución la acuciante falta de técnicos intermedios denunciada por las organizaciones empresariales. Niveles educativos, calidad de la enseñanza, inversión en investigación, mejoras estructurales constituyen una parte del problema educativo. Existen otros aspectos fundamentales que también se han ido depreciando en España y que, día a día, van configurando un mapa educativo asentado en la desigualdad. De un modo u otro, por una razón u otra, la realidad es que la política educativa en España ha variado sustancialmente en un aspecto fundamental: la asunción como norte de la igualdad educativa en todo el territorio español. Igualdad que no sólo se asienta en un currículo básico común, sino en la inversión que se hace por alumno en todo el territorio nacional. El llamado Estado de las Autonomías, edificado sobre la marcha y no de acuerdo a un planteamiento inicial, ha contribuido de forma significativa a la ruptura de la igualdad en materia educativa. La transferencia de competencias en materia de Educación, al igual que sucede en materia de Sanidad, a los gobiernos autonómicos no sólo no ha contribuido a eliminar los desequilibrios territoriales, producto del discurrir del tiempo, sino que está desarrollándolos de forma alarmante. La utilización de la Educación como instrumento al servicio de los intereses partidistas, la introducción de elementos de adoctrinamiento por parte de las administraciones autonómicas con predominio nacionalista, el sometimiento del Estado a las apetencias autonómicas ha tenido como consecuencia la puesta en marcha de un proceso de ruptura de la cohesión y de desvertebración en materia educativa; lo que, sin duda, está contribuyendo al proceso de desvertebración nacional que se está produciendo en España. Hoy por hoy, el Estado, no sólo no es capaz de garantizar un programa educativo común para toda España sino que, además, ha permitido que el gasto medio por alumno no sea el mismo en todo el territorio nacional. Responsable directo de esta situación es la transferencia absoluta de unas competencias que debieron quedar básicamente en manos del Estado, para que éste pudiera garantizar la igualdad tanto de los currículos como de gasto por alumno, ya que resulta evidente que las administraciones autonómicas han roto esa unidad de currículo mínima (en algunos casos las diferencias pueden ser abismales) y que los mínimos estatales son a todas luces insuficientes para salvaguardarlo. Al transferirse las competencias educativas a las Comunidades Autónomas la financiación del sistema, como sucede en el ámbito sanitario, pasa a depender del sistema de financiación autonómico. Este sistema de financiación, amén de resultar altamente inestable pues está sujeto a un debate constante, es, hoy por hoy, escasamente equitativo, básicamente injusto y está contribuyendo, pese a los elementos de solidaridad, a incrementar los desequilibrios regionales. El sistema de financiación autonómico está contribuyendo, en materia educativa, a impedir mayores inversiones educativas en aquellas autonomías con menor riqueza, perpetuando así su situación de desventaja e impulsando la fuga de los elementos más dinámicos de la sociedad. Para una mejor comprensión cabría señalar que las decisiones en inversión en materia educativa hoy se encuentran condicionadas en un 70% por el sistema de financiación y en un 30% por las decisiones de las administraciones autonómicas. La resultante de esta situación, que está vulnerando el texto constitucional, que retrocede así en estos aspectos a los parámetros del liberalismo puro, cuando los derechos sólo se reconocían a nivel teórico pero no se traducían en derechos reales, es que nos encontramos con diferencias de hasta 60 puntos en el gasto medio por alumno entre las Autonomías con mayor riqueza o conciertos económicos específicos (País Vasco o Navarra) y las que menor riqueza tienen, diferencias que no se han ido reduciendo en estos años sino que se han ido incrementando. Y con estos datos la igualdad se torna imposible. Este aspecto, clave en una futura Ley de Educación que aspire a mantener su vigencia en las próximas dos décadas y que permita la clara convergencia con la Europa más desarrollada, sencillamente no se contempla. Al no abordarse esta cuestión, al obviarse del debate, al no aparecer en las agendas de populares y socialistas, al preferir mantener y profundizar en la actual subordinación del Estado a las Autonomías se está ignorando conscientemente el gravísimo daño que se está haciendo a la cohesión nacional. Así pues, el Estado de las Autonomías está conduciendo a la desigualdad de los españoles ante los servicios públicos fundamentales, siendo ya flagrante en el caso Sanitario y ahora puesto de manifiesto en el terreno educativo. Ante esta situación sólo la reasunción de competencias por parte del Estado y la reforma del sistema de financiación territorial, para garantizar la igualdad de todos los españoles, puede contribuir a invertir el proceso de desvertebración nacional. •- •-• -••• •••-• | |||||
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