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Propuestas para una mayor justicia en el mercado de valores.
El funcionamiento del mercado de valores, que debiera servir a la economía real y no a entelequias financieras, y muchas veces especulativas, está sujeto a diversos tipos de irregularidades. La legislación debe mejorar para que las instituciones controladoras garanticen la seguridad del mismo.
El autor analiza la realidad actual y aporta algunas propuestas para mejorar la situación.
El "caso Gescartera" ha puesto
en evidencia no sólo la debilidad humana sino también los
fallos en el sistema. Un sistema que debería de velar por la
transparencia y por la defensa del pequeño inversor y que sin
embargo deja a los pequeños ahorradores " a los pies de los
caballos".
El Fondo de Garantía del Inversor recientemente aprobado por el
Gobierno no hace sino paliar de forma "chapucera" esta
situación de desamparo. En primer lugar porque tan sólo cubre
un mínimo de la inversión. Pero sobre todo, porque lo que en
realidad provoca es una socialización de las pérdidas. Si una
sociedad o agencia de valores entra en quiebra por ausencia de
una gestión eficiente o por la ausencia de unos controles
eficaces, quien pagará finalmente serán todos los usuarios de
servicios bursátiles a quienes las casas de bolsa les
repercutirán las cuantías correspondientes para satisfacer el
citado fondo. Obviamente, cabe preguntarse por qué un ciudadano
honesto debe pagar los platos rotos de un empresario poco
diligente o de un funcionario poco honesto.
Las llamadas a la calma de nuestros responsables políticos en el
sentido de que los inversores no deben de preocuparse porque el
Fondo de Garantía de las Inversiones responderá en caso de
quiebra, no hace sino acrecentar mi preocupación. Sinceramente,
estaría más tranquilo si el gobierno garantizara un sistema de
supervisión eficaz que eliminara la posibilidad de nuevas
"Gescarteras". Por el contrario, no sólo no me
tranquiliza, sino que me violenta el hecho de que deba de estar
tranquilo porque he contratado un seguro obligatorio ante
ineficiencias de la propia administración. No es extraño pues
que varias sociedades y agencias de valores se hayan puesto en
manos de abogados para recurrir este nuevo impuesto sobrevenido y
con carácter retroactivo que quiebra el principio de seguridad
jurídica.
Por otra parte, el hecho de que en el juicio sobre Gescartera se
encuentren funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco
de España peritando el caso, no hace sino reforzar la idea de la
ausencia de justicia. Habrá que recordar que tanto el Banco de
España como Economía son miembros del consejo de la CNMV y que
por tanto su independencia a la hora de enjuiciar el caso se
verá bastante mermada. Un caso similar ocurrió en el juicio del
caso Banesto, donde peritos del Banco de España asesoraron al
juez sobre la intervención realizada por el propio banco emisor.
¿Es que no existen peritos mercantiles y contables en España no
sujetos a la disciplina administrativa? ¿Acaso no existen
expertos en las universidades o en el Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) para emitir
dictámenes técnicos sin la sospecha de la ausencia de
independencia?
Pero el asunto Gescartera pone sobre la mesa un debate más
amplio sobre la reforma de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). El ex- presidente de la CNMV, Fernández Armesto
se enorgullecía afirmando que el instituto supervisor "no
debía ser una madre" y que el inversor "es mayor de
edad". La obligación de la CNMV -entendía Fernández
Armesto- consistía en dar y ofrecer transparencia al mercado.
Su doctrina coincide con la visión democrática de los derechos
del ciudadano como mayor de edad, sin que ninguna autoridad
decida por él. Una doctrina que en materia política se ve
negada permanentemente por la fuerza de los hechos. Pero tampoco
en materia bursátil la teoría es aplicada. ¿Por qué sino,
existen bandas de fluctuación cada vez más estrechas para los
valores de renta variable? ¿Por qué se suspende la cotización
de los títulos de una compañía cada vez que se producen
noticias sobre movimientos corporativos?
Pues simplemente se hace, porque no es verdad que todos seamos
iguales en el mercado. Y en algunas ocasiones la existencia de
las "manos fuertes" del mercado o de información
confidencial, se hace no sólo evidente sino palpable desde
cualquier pantalla de cotizaciones.
Además, si asumiéramos la tesis de Armesto sobre la mayoría de
edad de los inversores, habría que facilitar esa información
suficiente y transparente al usuario de servicios financieros
para que efectivamente estuviéramos en un mercado perfecto donde
todos los operadores (independientemente de su tamaño)
pudieramos tomar decisiones con la misma información. Y en este
capítulo de la transparencia existen algunas lagunas fácilmente
solubles.
En primer lugar, los "hechos relevantes" son publicados
en la web de la CNMV cuando ya todo el mercado los conoce. ¿Por
qué no se obliga a las compañías cotizadas a comunicar sus
informaciones a la CNMV antes que a los medios de comunicación?
¿Por qué no se penaliza a aquella compañía que han dejado
filtrar sus informaciones antes de comunicárselas al mercado?
Por otra parte, ¿por qué los usuarios no recibimos información
sobre las operaciones bursátiles de los directivos de las
compañías cotizadas al igual que ocurre en Estados Unidos? En
América, la Securities and Exchange Commission (SEC) ofrece
información en tiempo real sobre las operaciones de compra o
venta que realizan los presidentes y altos directivos de las
compañías sobre sus propios títulos. ¿No es interesante saber
que Michael Dell está deshaciendo posiciones de su propia
compañía -Dell Computers- al tiempo que los analistas
"siemprealcistas" no paran de recomendar "fuerte
compra"? En España no gozamos de esa información, que
ofrecería gran luz al mercado. ¿Joaquín Agut está comprando o
vendiendo títulos de Terra? La reciente noticia sobre la venta
de un paquete de títulos de Inditex por parte de un alto
directivo de la compañía, fue extraordinariamente útil para
algunos inversores que optaron igualmente por deshacer
posiciones.
La nueva Ley Financiera que prepara el vicepresidente económico
Rodrigo Rato, contempla la posibilidad de que los usuarios
tengamos acceso a esa información. Igualmente también contempla
la publicación de una "lista negra" de personas
incapacitadas para realizar determinadas operaciones en las que
están implicados por razón de su cargo. Esto limitará -al
menos en parte- la utilización de información privilegiada.
¿Cuántos directivos de Telefónica compraron títulos de sus
filiales hispanoaméricanas días antes de anunciarse la pomposa
"Operación Verónica" en la que teleoperadora
española ofrecía una prima del 40%? Situaciones como esta, no
hacen sino distorsionar el mercado, provocando una asignación de
recursos injusta.
Por otra parte, habría que estrechar la responsabilidad de los
bancos colocadores. La responsabilidad como "cuidadores del
valor" no puede confundirse con la estrategia de
"calentar el valor" haciendo creer al mercado que
efectivamente el título tiene un enorme "potencial de
revalorización". La actuación de la banca comercial
"colocando" títulos a incautos usuarios de servicios
bancarios con escasa formación e información financiera,
también resulta bastante dolosa. Y resulta culpable, porque no
se trata de una operación que "no ha salido bien",
sino de una operación en la que el banco colocador está primado
e incentivado, a costa del visitante de la oficina bancaria que
confía en su leal saber y entender.
El ejemplo de Terra probablemente resulte el más significativo.
La compañía afronta cuatro juicios en Estados Unidos por haber
"calentado" el valor a través de los bancos
colocadores y de la escasa liquidez sacada al mercado. Una
estrategia que resultó ser muy "exitosa", pero que ha
arruinado a más de un inversor "incauto". Los bancos
colocadores fueron primados por la compañía con porcentajes
superiores a los declarados a la SEC (7%) a cambio de que
"pusieran encima de la mesa" lo que fuera necesario
para crear una imagen artificial sobre el valor. Las
consecuencias del pinchazo de la burbuja especulativa, ya las
conocemos. Más del 80% de las Ofertas Públicas de Venta (OPV)
de los últimos años cotizan hoy por debajo del precio de
salida.
Por último, cabría acotar la responsabilidad de los analistas.
Si observamos los cuadros de recomendaciones del consenso de
analistas, nos daremos cuenta de que muy pocos recomiendan
"vender" o "infraponderar" ningún valor,
cuando algunos valores -como es bien sabido por todos- acumulan
fuertes pérdidas en el último año y medio. La CNMV amagó con
la exigencia de un título de analista financiero a todo aquel
que realizara recomendaciones en algún medio de comunicación.
Una medida que finalmente no se tomó y que por otra parte sólo
habría servido para "titulizar" la actividad del
analista financiero.
Más eficaz sería que la CNMV supervisara que las
recomendaciones ofrecidas por las diferentes casas de análisis
son las que efectivamente toman en el mercado, y no las
contrarias. Porque lo moralmente perverso no es equivocarse, sino
recomendar al público una cosa, para operar en sentido inverso.
¿Por qué las grandes entidades financieras han infraponderado
sus posiciones en renta variable refugiándose en títulos de
renta fija mientras seguían utilizando su discurso de que
"en bolsa se gana a largo plazo"? La CNMV tiene la
enorme responsabilidad de supervisar que efectivamente, las
entidades no hacen lo contrario que recomiendan a sus clientes.
Porque al igual que a un comerciante le vincula el precio hecho
público en un escaparate, a una sociedad o agencia de valores
debería vincularle su "morning fax" enviado a sus
clientes.
La CNMV sin embargo, jamás ha realizado investigaciones en este
sentido. Y debería hacerlas, porque su máxima responsabilidad
como "tutela" del mercado (sin ser madre) consiste en
velar por los intereses del pequeño ahorrador. Ese que se fía
de lo que le dice un experto. Si el experto se equivoca, el
ahorrador se habrá equivocado también por confiar en quien no
debía. Pero si el experto "juega" con el pequeño
ahorrador, entonces el organismo supervisor debe de
"levantar el velo".
Una labor similar a la ya realizada en la lucha contra los
"chiringuitos financieros" que sin embargo resulta
manifiestamente mejorable. La CNMV publica en su web una alerta
sobre los denominados "chiringuitos financieros",
entidades que operan en el mercado ajenos a los mecanismos de
supervisión de la CNMV. Entre ellos se encuentran entidades tan
conocidas como Forum Filatélico. Pero también se encuentran
operadores que sencillamente "roban" a sus clientes. La
actual legislación no es suficientemente eficaz para la
erradicación de estos establecimientos que son reabiertos al
poco tiempo de ser clausurados por la actuación policial. El
exceso de seguridad jurídica hace que los nuevos centros de
"Ali Baba" se reproduzcan con la misma velocidad que el
Gara sustituyó al Egin.
La excusa de la ausencia de recursos no resulta válida. La CNMV
ganó el año pasado en concepto de tasas 2.000 millones de
pesetas y mantiene en su activo circulante un montante de 10.000
millones sin uso definido. Con esos fondos podría establecerse
un operativo más eficaz en la lucha contra el fraude y a favor
de la transparencia. Si unimos estas actuaciones a mejoras
legislativas que permitan la persecución del delito financiero
"en tiempo real", el mercado, el pequeño ahorrador y
la credibilidad del sistema mejorarían sustancialmente. Tan
sólo hace falta verdadera voluntad de efectuar estos cambios.
Porque en el seno de la CNMV también hay quien piensa que el
organismo supervisor no debe de velar por el pequeño ahorrador,
sino por la "estabilidad del sistema". Argumento que
permite el abuso de las "manos fuertes" sobre las
débiles en pro de una supuesta estabilidad que se basa en la
permanente transferencia de recursos. ¿Hay alguien
verdaderamente democrático por ahí?
Luis Losada Pescador.
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"ARBIL,
Anotaciones de Pensamiento y Crítica", es editado por el
Foro Arbil
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