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por Álvaro Zulueta y Olga Cuquerella Una sana democracia no es posible sin participación ciudadana, y una sociedad civil viva y responsable no puede funcionar sin una organización política estable. Las democracias no subsisten sino en el mantenimiento de los fines comunes. Pero ha de entenderse bien que estos fines comunes no significan aquella falsa y utópica voluntad general, de la que hablaba la escuela liberal Rousseau, sino la cosa o cosas queridas o necesitadas por la mayoría de sus miembros. | |||||
| Una democracia no es, no puede ser, un agregado de individuos aislados sin fines comunes. Todo tipo de sociedad surge precisamente de la comunidad compartida de los fines. Donde los individuos o la asociaciones hablen en monólogos (“yo”) y obren por fines puramente personales (“lo mío”), no hay realmente sociedad. Y si no hay sociedad, no hay una democracia viva, operante, resuelta. Así como una asamblea sólo puede aplicar las distintas voluntades a problemas que son ya comunes antes de que los individuos se reúnan, sin la comunidad previa del problema, es imposible que las voluntades individuales se concierten para un acuerdo. Si esta situación la trasladamos al conjunto de la sociedad española, vemos que surgen importantes observaciones. Pensemos en problemas concretos que afectan a la gran mayoría de ciudadanos: la situación de la familia, las dificultades entorno a la educación, la falta de calidad de contenidos en los medios de comunicación, la situación inestable de los jóvenes, el acceso a la vivienda, etc. Son situaciones que todo el mundo define como problemas y que los medios de comunicación y la opinión pública tratan con frecuencia; problemas que afectan y problemas que crecen. Sin embargo, cabe preguntarse qué se hace para intentar solucionarlos, qué se hace en grupo, en unión de voluntades, para poder abordarlos con eficacia. Aquí está la verdadera dificultad: sabemos que hay problemas que nos afectan, que son muy importantes, pero que, con frecuencia, nos encontramos sin recursos, organización o medios suficientes para poder enfrentarnos a ellos de forma eficaz. En las democracias todos los ciudadanos son altamente activos y pasivos. Activos al decir sobre la cosas que deberían asegurarse por la ley, y al elegir las personas que ocuparán los correspondientes gobiernos; y pasivos al someterse a las leyes votadas por éstos. La democracia no puede trasladar el centro de gravedad del Estado al “yo” individual, porque el “yo” queda siempre, necesariamente, fuera del Estado y aun de las asambleas. Pero el ciudadano y la sociedad están íntimamente unidos: la sociedad es la cosa común, y el ciudadano, la relación del individuo con la cosa común. Cuando esta relación pasa de ser interna y se traduce en intenciones, construye la ciudadanía. Y como es un acto personal, se transforma en un acto de dimensiones morales, es decir, afecta a la libertad y a la responsabilidad. Por esa razón, la participación de los ciudadanos ha de ser libre, pero también responsable. La falta de atención a los deberes sociales es, por lo tanto, inmoral; y la colaboración con ellos, un acto de virtud. Con frecuencia olvidamos esta segunda condición: se habla mucho de la libertad y de los derechos, pero muy poco de los deberes y de la responsabilidad. Este es el gran reto al que nos enfrentamos. No creo que la solución esté en lo que puedan hacer para suplantarlo los partidos políticos ni el gran aparato del Estado. Desarrollar una sociedad civil consolidada es responsabilidad de los ciudadanos, es nuestra obligación. Solamente así podremos edificar una auténtica democracia en un Estado social y de derecho. ¿Pero cómo poner en marcha la sociedad civil? ¿cómo organizar iniciativas que puedan ofrecer respuestas eficaces ante los problemas sociales? Organizar es simplemente unir hombres bajo reglas externas para la obtención de un fin común por medio de la división de su trabajo. Se trata de liderar voluntades, motivar y agrupar iniciativas, así como vertebrar otras agrupaciones que trabajen a favor de los mismos fines. Esta definición cubre los cuatro elementos de que toda organización se compone: el fin común, los hombres y mujeres que se unen, las reglas que han de asumir y obedecer, y la labor encomendada a cada uno. El valor de cada asociación depende, por lo tanto, de estos cuatro elementos; y sobre casi ninguno de ellos ejerce influencia apreciable el Gobierno. Por eso, es tarea de la sociedad civil poner en marcha iniciativas que puedan defender sus intereses, ya sean las familias, los centros educativos, los profesionales, por ejemplo. Tanto las corrientes individualistas como las estatalistas, disfrazadas de libertad individual o de política social, corrompen tarde o temprano la natural relación orgánica que debe existir entre las personas, las familias, la sociedad civil -agrupaciones intermedias- y el Estado. La doctrina social de la Iglesia ofrece en sus principios una orientación muy clara cuando habla de la participación del gobernado y de la acción subsidiaria de la autoridad. Cuando los ciudadanos no se unen para defender sus intereses o cuando el Estado hace lo posible para no reconocer esa voz social, significa que estamos en el umbral de un totalitarismo sofisticado, disfrazado de libertades aparentes. No es justo ceñirse únicamente a los resultados de las urnas electorales para interpretar lo que dice la sociedad. Las elecciones sirven para votar al grupo político que, tras posterior debate en el Parlamento, eligirá al Poder Ejecutivo, es decir al Gobierno de la nación. ¿Se despiden los gobernantes de los ciudadanos hasta las siguientes elecciones? La sociedad habla todos los días a través de sus legítimas asociaciones y el Gobierno debe atender sus demandas, no en monólogo, sino en diálogo. En cierto sentido, ésta es la situación que, en algunos aspectos, estamos viviendo en España. Por eso, si queremos construir una buena democracia, debemos organizarnos y hacer oír nuestros justos intereses. En este empeño surge la iniciativa “HazteOir.org”, que con apenas unos años de actividad ya ha cosechado importantes frutos. La participación ciudadana garantiza la libertad del individuo •- •-• -••• •••-•
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